Actualmente, el Congreso enfrenta un desafío significativo con un veto que afecta al proyecto destinado a fortalecer la pensión del Defensor del Pueblo del Instituto de Investigación Judicial
Actualmente, el Congreso enfrenta un desafío significativo con un veto que afecta al proyecto destinado a fortalecer la pensión del Defensor del Pueblo del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), que propone que esta se active a la edad de 55 años. Este veto ha generado tres registros claros que subrayan la necesidad de que la sesión legislativa se resuelva a la brevedad.
Los parlamentarios alternativos tienen la responsabilidad de decidir si el veto se mantiene o se revierte, transformándolo en ley. Para que esta reversión tenga lugar, se requiere un respaldo mínimo de 38 votos, lo que plantea un escenario de negociación y estrategia política entre los diferentes partidos representados en el Legislativo.
En el Parlamento, además del controvertido proyecto de Pensiones Avanzadas OIJ, hay otras dos propuestas que enfrentan la misma situación de potencial veto: una relacionada con los vuelos de bajo costo a América Central y otra sobre las regulaciones de la ley reconocida. Estos asuntos son parte de una lista de pendientes que el Parlamento deberá abordar, algo que puede darse en el actual período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, es esencial que el ejecutivo realice un anuncio de archivos, como lo estipula el programa legislativo.
El jueves pasado, el Secretario mencionó el tema de los vuelos de bajo costo, dándole espacio en la agenda; sin embargo, el plan se modificó debido a problemas surgidos el miércoles, lo que llevó a que, según las palabras de Pilar Cisneros, se desconfiara de la propuesta inmediatamente. Las dos cuestiones restantes no pudieron discutirse simultáneamente, lo que ha limitado la capacidad del Parlamento para avanzar en estas iniciativas.
El veto del presidente se registró en 2025; el primero ocurrió el 18 de febrero, cuando se propuso restablecer el costo de los vuelos a América Central en $100 y a la República Dominicana en $120. Esta decisión se justificó por el temor de que tal reducción impactaría en el turismo, bajo la premisa de que los turistas extranjeros disminuirían su estadía en el país.
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El 18 de mayo se cumplirán tres meses desde que se emitió el veto a la propuesta de Eli Feinzaig, que busca atraer a liberales progresistas. A pesar de los intentos de abordarlo en múltiples ocasiones, no se logró agendar nuevamente. Originalmente, se planeó discutirlo a finales de febrero; sin embargo, la falta de acuerdo generó disputas dentro del Partido de Estado, ya que algunos miembros creían que había transcurrido el periodo legal para su discusión.
Posteriormente, se estableció una fecha para el 11 de marzo, que luego fue postergada al 18 de ese mes, aunque ese día tampoco se llevó a cabo. Desde entonces, la situación ha permanecido estancada, sin que se defina una nueva fecha para su tratamiento, a pesar de las persistentes demandas de Pilar Cisneros.
Desde PLP han indicado que poseen los votos necesarios para revertir el veto; no obstante, están a la espera de un momento propicio para presentarse ante el Parlamento y dar así un paso decisivo.
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El presidente Rodrigo Chaves tiene tres vetas en 2025. (Fotos Alonso Solano/El Obserbador)
En febrero, pocos días después de imponer el veto sobre los vuelos de bajo costo, el presidente Chaves tomó una decisión similar en relación a los documentos 23,192, conocidos como «leyes para garantizar una regulación sobre la ley de la comisión». Esta decisión fue fundamentada en las oportunidades, la conveniencia y la gobernanza, subrayando la necesidad de una administración regulatoria más efectiva.
La iniciativa, que tiene como subdirectora a Daniela Rojas en Pusc, asegura que el gobierno controle los proyectos de ley durante el plazo establecido, que debe definirse en un máximo de seis meses si no se indica lo contrario. Además, la propuesta contempla sanciones para aquellos en posiciones jerárquicas que violen las leyes establecidas, lo que implica que la falta de control de la ley en el tiempo definido conllevaría consecuencias legales serias.
Las sanciones propuestas podrían incluir penas que van de 1 a 3 años para los funcionarios ocupando cualquier puesto público que no cumplan con sus obligaciones establecidas por la ley.
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Los oficiales de OIJ buscan acceder a una pensión avanzada.
El pasado martes, la Asamblea Presidencial de CASA presentó a la Asamblea Legislativa un veto relacionado con el proyecto que busca fortalecer la pensión para los agentes OIJ a los 55 años de edad, tras haber completado 30 años de trabajo. El presidente Chaves ya había advertido que este sería un veto, lo que ha llevado a los alternativos a buscar alternativas para revertirlo.
Oscar Izquierdo, líder de la clase, argumentó que «la posición del Secretario y del Presidente está justificada», añadiendo que la propuesta contaba con argumentos tanto legales como numéricos que evidenciaban su necesidad y pertinencia. Alejandra Larios, quien lidera el documento presentado en el actual periodo tras su introducción en 2021 por Dragos Donolescu, también se mostró convencida de la legalidad y justicia de esta iniciativa. Ella manifestó que continuarían buscando los votos necesarios para lograr su restauración y se mostró optimista en cuanto a cómo se encontrarían.
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