El Defensor del Pueblo de los residentes de la República (DHR) ha recomendado al Ministerio de Educación Pública (MEP) restablecer la eliminación del programa integral de afectividad y sexualidad, considerando su importancia en la educación de jóvenes.

Este llamado se inscribe como una parte fundamental de las recomendaciones que emergen de su Informe final acerca de la decisión que fue aprobada por el Consejo de Educación Superior (CSE) el 16 de enero, a través del acuerdo AC-CSE SG-24-03-2025. Es necesario entender que este informe no solo es un formalismo, sino un análisis profundo de las implicaciones que conlleva la eliminación de dicho programa en el contexto educativo y social.

La compañía auxiliar de la Asamblea Legislativa subrayó que los análisis técnicos de la cartera manifiestan que la eliminación del programa no alcanza a sustituir los objetivos establecidos, y en consecuencia, no se cumplen. Este hecho es particularmente significativo, ya que se excluye contenido crucial que trata sobre Salud sexual, diversidad, identidad de género, así como derechos sexuales y reproductivos. La omisión de estos temas puede tener consecuencias perjudiciales en la formación integral de los estudiantes actuales, que enfrentan desafíos complejos en su desarrollo personal y social.

El informe destaca que la educación integral en sexualidad es un derecho humano reconocido por organismos internacionales, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), y los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación.

El Defensor del Pueblo señala que la supresión del programa viola obligaciones internacionales que el estado ha aceptado, por lo que es imperativo considerar las normas y convenios que guían el respeto a los derechos humanos en el país.

Por consiguiente, Leonardo Sánchez y el Consejo Superior han propuesto que, como parte de sus aportes al líder de la sucursal, se reactive el programa anterior con celeridad. Esta reactivación debe ir acompañada de una revisión y evaluación periódica que se base en criterios técnicos y que adopté un enfoque centrado en los derechos humanos.

«Cada modificación en los programas educativos debe estar respaldada por estudios técnicos que evalúen sus posibles efectos sobre la salud, los derechos humanos y el bienestar de los adolescentes. Para tal fin, es esencial la colaboración de expertos en el ámbito y organizaciones de derechos humanos en la toma de decisiones, para asegurar que se respeten los derechos de los menores, conforme a estándares internacionales y mejores prácticas», afirmó el defensor de los residentes, Angie Cruickshank.

Desde la perspectiva del cuerpo auxiliar del Congreso, es fundamental que en este proceso se promueva la participación activa de la comunidad estudiantil. Es indispensable crear espacios que faciliten el diálogo y la inclusión de las voces jóvenes en cuanto a sus necesidades y expectativas en relación con la educación en sexualidad y afectividad, así como en la formación de los profesores.

El defensor del pueblo también propuso la implementación de mecanismos de vigilancia, de manera que se garantice que las medidas educativas adoptadas sean efectivas y respeten los derechos de los jóvenes en su totalidad.

En este contexto, la institución destacó que la eliminación de programas vitales puede incrementar los riesgosde discriminación, exclusión y violencia, especialmente en relación con estudiantes LGBTIQ+, adolescentes, migrantes, indígenas y personas con discapacidades, lo que podría llevar a un aumento de las estadísticas de embarazo en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

Respecto a este asunto, .com solicitó una declaración a la oficina de prensa del Ministerio de Educación, la cual se mantiene en proceso en el momento de esta publicación.