Tras el reciente uso del poder de veto por parte del presidente Rodrigo Chaves sobre una ley que había sido aprobada por la Asamblea Legislativa con el objetivo
Tras el reciente uso del poder de veto por parte del presidente Rodrigo Chaves sobre una ley que había sido aprobada por la Asamblea Legislativa con el objetivo de fortalecer la pensión del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), los suplentes han expresado sus opiniones al respecto.
Los integrantes de la Asamblea lamentan este nuevo veto y han manifestado su compromiso de buscar la regulación necesaria para que el proyecto se convierta finalmente en ley de la República.
Desde que se instauró la democracia en nuestro país, se han ventilado diversos puntos de vista legislativos, lo que ha generado un intenso debate en el ámbito político.
El jefe de la fracción, Oscar Izquierdo, argumentó: «Desafortunadamente, la posición del Secretario y del Presidente está justificada. Este proyecto de ley contaba con fundamentos legales y numéricos que demostraron que era apto para su aprobación». Además, hizo hincapié en la importancia del trabajo de los funcionarios del OIJ, declarando que «dan vida a los costarricenses y no podemos olvidar su contribución a la sociedad. Debemos hacer justicia y buscaremos los votos necesarios para darle el respaldo a esta ley».
Alejandra Larios, legisladora que también se ha manifestado en este contexto, reafirmó su certeza de que esta es una tarea legal y justa, añadiendo que está convencida de que conseguirán los votos requeridos para su aprobación. Esta cuestión es crucial, dado que para restaurar el proyecto desde la oficina de la presidencia se necesitan al menos 38 votos; recordemos que esta propuesta fue aprobada en el segundo debate con un total de 40 votos.
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La legisladora Monserrat Ruiz observó que la decisión de Chaves de ejercer su poder de veto parece más bien «un acto de revanchismo».
Ruiz expresó: «Parece haber una nueva venganza del Presidente de la República contra el sistema judicial. Sus discursos y acciones parecen dirigidos a los partidos que llevan a cabo investigaciones en su contra, especialmente el Ministerio Público y los OIJ, que están tras diversas causas de corrupción que involucran al Presidente y a varios ministros».
La diputada recordó que «este gobierno ha acumulado una serie de vetos», recalando que «parece que continuará aplicando restricciones dentro de la sesión legislativa».
Desde la bancada de Pusc y el Frente Amplio, los legisladores Alejandro Pacheco y Rocío Alfaro también criticaron la decisión del presidente y abordaron la posibilidad de seguir adelante con el proyecto. Pacheco mencionó: «Esto es un obstáculo, pero proseguiremos, ya que la Constitución establece que los agentes del OIJ pueden retirarse a la edad especificada. Es nuestra responsabilidad presentar una reconfiguración a la sesión legislativa».
Alfaro añadió: «Es lamentable que el presidente no apoye a los oficiales del OIJ, quienes dedican largas horas de trabajo incansable día tras día. Volveremos al Parlamento y abordaremos este tema como parte del procedimiento a seguir. Es fundamental brindar apoyo a estos agentes que tanto hacen por el país».
OIJ está de acuerdo con la ley adoptada. (Archivo/la foto del observador)
El presidente Chaves argumentó el veto a la propuesta, citando «razones relacionadas con la oportunidad, la comodidad y la gobernanza».
A través de un análisis exhaustivo del contenido de esta legislación, se decidió que la norma en cuestión presenta un serio problema gubernamental, afectando los principios del sistema de justicia y socavando los derechos constitucionales, según lo expuesto en el documento que fue presentado al Parlamento.
Los puntos que se consideraron para tomar la decisión de vetar el proyecto fueron claramente delineados y son los siguientes:
La propuesta busca permitir que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) puedan acceder a su jubilación a los 55 años de edad. Para que los funcionarios del OIJ tengan derecho a estas pensiones anticipadas, deben cumplir con ciertos requisitos, siendo el más importante contar con al menos 30 años de servicio dentro de la organización.
Este sistema de pensiones les permite recibir un monto equivalente al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, cifra ajustada conforme al índice de precios al consumidor (IPC) vigente durante el mismo período, y recogidas a través de los denominados servicios gubernamentales.
El proyecto también contempla artículos en la sección 226, que especifican el procedimiento para acceder a la jubilación anticipada, en caso de no cumplir con los años requeridos de servicio.
