Tras el receso de la Semana Santa, los diputados del país se reincorporaron al trabajo en la Asamblea Legislativa, donde se abordaron temas clave en la reunión del comité de seguridad y drogas. Se presentaron varios proyectos de ley que buscan avanzar en su tramitación en el Parlamento, reflejando un compromiso firme con las problemáticas que aquejan a la sociedad.

Un proyecto destacado en esta sesión es el de la creación de un banco de material genético, contemplando más de 24,327 registros vinculados a crímenes sexuales violentos. Esta ambiciosa propuesta fue impulsada por Maria Marta Carballo, quien lidera la unidad de violación social cristiana (PUSC). La iniciativa cuenta con el respaldo de la Comisión Legislativa, que se ha comprometido a buscar diversas enmiendas y propuestas a través del Artículo 137 de la Ley.

La finalidad de esta legislación es establecer una base de datos que contenga información sobre individuos encarcelados por delitos sexuales, particularmente aquellos que han sido condenados a un tiempo de prisión superior a los cuatro años. El propósito es claro: facilitar la investigación en casos actuales y futuros, al mismo tiempo que se refuerza la seguridad pública.

“Presentamos esta propuesta con el objetivo de facilitar el seguimiento de investigaciones relacionadas, permitiendo así una mejor seguridad para el público, una mayor eficiencia en los juicios, y un mecanismo de prevención del delito que también protege los derechos de las víctimas”, manifestó Carballo durante la exposición de la iniciativa.

El contenido del proyecto de ley está diseñado para robustecer la investigación y resolución de casos de delitos sexuales, donde la obtención y análisis de material genético se ha convertido en una pieza clave para poder esclarecer los hechos.

Desde el OIJ, el director Randall Zúñiga manifestó que la creación de este banco de ADN es un avance significativo. “Hemos conversado sobre la necesidad del registro de delincuentes que permita al OIJ monitorear a posibles depredadores sexuales después de que estos deje la cárcel. Actualmente, carecemos de la capacidad de seguimiento debido a restricciones legales. Por lo tanto, esta acción es vital para la protección de las mujeres”, afirmó Zúñiga.

Verifique más: PUSC sugiere que OIJ tiene un banco de material genético para los ex -criminales de delitos sexuales.

En 10 años

La iniciativa legal también busca introducir dos nuevos subcapítulos en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Instituto de Investigación Judicial (OIJ). Esta adición tiene como objetivo proporcionar las bases necesarias para la creación de un banco de material genético que respaldará las investigaciones judiciales.

El texto del proyecto estipula que la agencia debe proteger la información recopilada, restringiendo el acceso solo a investigadores, jueces, fiscales y defensores pertinentes al proceso judicial. Todo el material e información asociada deberá mantenerse en un alto nivel de confidencialidad.

Adicionalmente, el material genético recopilado se mantendrá en los registros del OIJ durante un período de 10 años después de la condena del acusado. Pasado este tiempo, todos los datos y muestras deberán ser destruidos, asegurando así la privacidad y derechos de los involucrados.

Randall Zúñiga detalló cómo se obtendrían las muestras para este banco de ADN. “La recolección de muestras se llevará a cabo de manera no invasiva. Utilizaríamos un hisopo que se coloca en el paladar de la boca para extraer células epiteliales, lo que facilitaría la comparación y creación del banco de ADN, y al mismo tiempo, resolver casos con mayor efectividad”, explicó.

Con el respaldo de diversas opiniones, el proyecto ahora se enviará al Ministerio Público, pero seguramente regresará al Comité de Seguridad para realizar los movimientos necesarios a través del Artículo 137, antes de que el texto sea sometido a la primera y segunda discusión en el Parlamento.