La Comisión Legal se ha enfrentado a un importante desafío en la última sesión legislativa, donde se decidió, de manera unánime, rechazar los documentos identificados con el número
La Comisión Legal se ha enfrentado a un importante desafío en la última sesión legislativa, donde se decidió, de manera unánime, rechazar los documentos identificados con el número 24,405. Dichos documentos solicitaban la anulación de las leyes que originalmente dieron vida a la Agencia Espacial Costa Rica. Este evento marca la segunda ocasión en que la Legislatura lidia con la misma propuesta. Cabe mencionar que ya se había intentado previamente en 2024 con un proyecto introducido por el ex diputado liberal progresista, Jorge Dengo, el cual también buscaba desmantelar la agencia espacial.
En esta ocasión, la nueva iniciativa fue presentada por Cynthia Córdoba, quien es actualmente la CEO adjunta independiente. Esta propuesta tiene como base idénticos proyectos que se habían formulado previamente por Dengo y muestran, nuevamente, la intención de eliminar la agencia espacial. Sin embargo, a diferencia de la vez pasada, esta propuesta no logró obtener el respaldo necesario entre los legisladores.
En un giro interesante, la Agencia Legislativa, en lugar de aprobar la propuesta de desmantelamiento, emitió un dictamen positivo para el documento número 24,383, el cual había sido presentado por el legislador libertario Danny Vargas. Este nuevo documento incluye reformas significativas a la ley que establece la creación del gobierno espacial en Costa Rica. La institución en cuestión fue propuesta durante el primer período legislativo por Aida Montiel, aunque hasta la fecha no se ha puesto en marcha.
La iniciativa de Vargas tiene como objetivo lograr cambios cruciales que faciliten el funcionamiento efectivo de la AEC lo más pronto posible. Según los procedimientos, el dictamen será enviado al Ministerio Público, aunque es probable que regrese a la Comisión para discutir las propuestas derivadas del Artículo 137, antes de que pueda ser sometido a votación en un primer debate.
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En la nueva propuesta, una de las funciones del subdirector de libertad se centra en realizar enmiendas o mejoras a la Ley de Creación de la Agencia. Entre los cambios más destacados se encuentra la modificación en el proceso de elección del Secretario General, debido a que los requisitos impuestos han sido considerados excesivamente rigurosos por muchos críticos.
«En este contexto, se propone modificar el artículo 8 añadiendo dos párrafos nuevos, que estipulan que la Comisión deberá contar con un funcionario de tiempo completo y exclusivo», se menciona en el texto de la iniciativa. «Adicionalmente, se aclara que la Comisión puede contratar personal bajo un régimen excepcional por un período de un año», se añade posteriormente.
Otros ajustes incluyen requisitos más flexibles para quienes ocupen el cargo dentro de la Comisión, como tener más de diez años de experiencia en áreas relacionadas con empresas u organizaciones que operen a nivel internacional, así como un mínimo de tres años en posiciones relevantes. También se prevé un cambio significativo en la demanda de un doctorado para acceder al puesto, permitiendo que quienes tengan habilidades en campos de ciencias naturales o técnicas también sean considerados.
Finalmente, el artículo 9 será modificado, eliminando la cláusula que exigía a los candidatos tener una publicación relevante como condición para desempeñar dicho rol. Asimismo, se revocará el capítulo que fijaba la ubicación de la agencia en Guanacaste, lo que ahora permitirá que se pueda establecer en cualquier parte del territorio nacional.
