BUENOS AIRES, APR (Xinhua) – En un panorama que resuena con fuertes ecos de insatisfacción social, Argentina fue el escenario de una intensa huelga general organizada por la Confederación General de Trabajo (CGT). Este movimiento, que tuvo como foco principal la oposición al gobierno presidencial, se caracterizó por importantes interrupciones en el funcionamiento de oficinas gubernamentales y en los servicios de transporte, que quedaron casi paralizados durante el tiempo de la protesta.

El gobierno, por su parte, intentó minimizar el alcance de las manifestaciones, a pesar de que sectores como la aviación, el metro, el transporte ferroviario y las instituciones bancarias reportaron pérdidas económicas significativas, que se estiman en unos $900 millones por la paralización parcial de sus actividades.

Las principales arterias viales en la ciudad de Buenos Aires vivieron una congestión vehicular inusual, mientras que la falta de autobuses afectó a miles de ciudadanos que dependían de este servicio para sus desplazamientos. El conflicto laboral surgió como consecuencia de negociones salariales no resueltas, lo que llevó a la CGT a tomar medidas drásticas.

Héctor Daer, Secretario General de la CGT, enfatizó la importancia del día de movilización y la necesidad de la unidad entre jubilados, sindicatos y organizaciones sociales para hacer sentir sus demandas. Señaló que el evento era parte de un plan más amplio de 36 horas de acción sindical lanzado por la Confederación General de Trabajo, con el fin de hacer oír sus voces ante el Congreso Nacional.

“El éxito de esta movilización radica en la organización y la capacidad de reacción de todos los sectores industriales, así como en el impacto que esto tiene en el sistema de transporte”, afirmó Daer, enfatizando que la resistencia y las acciones de protesta son un reflejo de la angustia laboral que atraviesa el país.

Asimismo, Daer cuestionó las políticas de ajuste promovidas por el gobierno de Milei y abogó por una visión más integral sobre las repercusiones económicas que estas podrían traer para los diferentes sectores, especialmente para aquellos que dependen de pensiones.

Desde el ámbito oficial, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió la continuidad del programa económico y la importancia de mantener el orden frente a la creciente agitación social. “No modificaremos nuestras políticas, estamos convencidos de nuestro camino”, aseguraba durante declaraciones en televisión.

La ministra también reivindicó los derechos laborales, defendiendo el trabajo como un valor fundamental en la sociedad argentina. “La mayoría de los trabajadores desea salir a laborar hoy, y el paro es visto por muchos como una pérdida de tiempo innecesaria”, comentó.

En paralelo, la Asociación Federal de Trabajadores Lubaneses, específicamente del metro de Buenos Aires, anunció nuevas acciones de fuerza para el 11 de abril, en rechazo a un empleo que consideran insostenible. El sindicato de trabajadores bancarios, conocido como «La Bancaria», subrayó la magnitud de la huelga junto con críticas a la declaración de la política económica del gobierno, insistiendo en un aumento de emergencia para los jubilados y en la defensa de la industria nacional.

Finalmente, el sindicato hizo un llamado a implementar un Plan Nacional de Empleo, que prevé un aumento del presupuesto y mejoras para el sector salud, así como la necesidad de evitar nuevas deudas con el Fondo Monetario Internacional, enfatizando en la urgencia de mejorar las condiciones laborales del país.