Sería posible eliminar el artículo recientemente incluido en el proyecto de ley sobre el aumento de las pensiones para quienes perciben el salario más alto. Así lo dijo
Sería posible eliminar el artículo recientemente incluido en el proyecto de ley sobre el aumento de las pensiones para quienes perciben el salario más alto. Así lo dijo la representante pública Ada Acuña, impulsora del proyecto de ley.
Lo que en realidad buscaba el Proyecto 24.984 era cambiar las reglas sobre la devolución de fondos del Régimen de Pensiones Complementarias Obligatorias (ROPC). Sin embargo, en los últimos días incluyeron reformas al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en el artículo 5.
Actualmente, las personas ganan entre el 43% y el 52,2%, dependiendo de diferentes parámetros.
Los porcentajes más bajos, sin embargo, corresponden a quienes dijeron tener un salario más alto. Según los cálculos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), estos son los ubicados en los estratos 6 y 7.
La medida busca que el sistema apoye más a quienes tuvieron menores ingresos durante su vida laboral.
El proyecto de ley propuesto por el oficialismo de Ada Acuña (documento 24.984), además de implementar cambios al ROPC, eleva este umbral de compensación para todas las personas a un mínimo de 52,5%.
Para las capas inferiores, esto no significaría ningún cambio. Sin embargo, para aquellos con salarios más altos, podría sumar hasta 9 puntos porcentuales a su tasa de reemplazo.
Ante consultas de este medio, Acuña admitió que no se han realizado estudios técnicos específicos para esta propuesta. Dijo que los estudios serán los mismos que utilizó la fundación para iniciar la banda actual. Sin embargo, como ya se explicó, Acuña pretende cambiar de esa banda a un monto fijo, cambio que no está respaldado.
«Lo equivalente es recibir los comentarios de la CCSS y evaluarlos para ver si se modifica o elimina la propuesta del artículo 5 del texto», dijo Acuña.
El administrador de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Jaime Barrantes, se pronunció en contra del proyecto de ley.
Barrantes argumentó que según la constitución política, sólo la CCSS tiene el poder de administrar los seguros de salud y las pensiones. Es decir, la Carta Magna le otorga autonomía.
Por esta razón, sólo la CCSS puede definir los montos de pensión, los aportes requeridos y la edad de jubilación del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Así lo explicó Barrantes en una respuesta enviada a este medio.
«Esto lo hace la agencia a través de estudios técnicos, rigurosos y actuariales que confirman el potencial real», afirmó el portavoz.
Explicó que «la ley no podría codificar cuáles son estos beneficios porque deben ir acompañados de estudios técnicos y sólo el organismo puede definirlos».
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