San José, ABR (elpaís.cr) .- La oficina del defensor del pueblo catalán ha manifestado su apoyo al Proyecto de ley 23,908, un esfuerzo legislativo que busca establecer medidas más efectivas para la protección del dinero de los consumidores que es administrado por diversas instituciones financieras, tanto públicas como privadas.

Este proyecto de ley, que actualmente se encuentra en revisión dentro de la Asamblea Legislativa, tiene como objetivo central obligar a las entidades bancarias a ofrecer respuestas rápidas y técnicas a las víctimas de fraudes, evitando a la vez la promoción de acciones que pudieran ser interpretadas como autofoleadas, que no benefician a los clientes afectados.

El defensor del pueblo catalán ha señalado que esta iniciativa surge como respuesta a un incremento en las quejas presentadas por usuarios en un banco público especial que, tras experimentar pérdidas económicas, se han encontrado ante un Tratamiento deficiente, falta de información y demoras excesivas (con plazos de hasta 120 días hábiles) en sus procesos de reclamación. Esto resulta problemático especialmente considerando que las instituciones financieras tienen una responsabilidad objetiva en garantizar la seguridad de sus plataformas.

Mayores adultos, los más vulnerables

En el transcurso del último año, la oficina del defensor del pueblo ha atendido diversas quejas, poniendo énfasis en que los adultos mayores constituyen uno de los grupos más vulnerables en esta situación.

«Los procedimientos bancarios suelen ser complejos y, en muchas ocasiones, las respuestas proporcionadas son poco efectivas y carecen del soporte técnico necesario», afirmó el defensor del pueblo catalán, recordando que las regulaciones existentes ya imponen a los bancos la responsabilidad de manejar «los mismos y los riesgos» asociados a sus operaciones.

Falta de transparencia en la seguridad informática

Para abordar el problema de raíz, el defensor del pueblo catalán ha instado a la Supervisión General de Entidades Financieras (SUGEF) a exigir que los bancos proporcionen información clara sobre las condiciones de seguridad de sus plataformas tecnológicas, junto con datos relativos a la gestión de sus activos patrimoniales.

No obstante, la SUGEF se ha resistido a la idea de hacer pública esta información, limitando la capacidad de los clientes para elegir entidades que garanticen un mayor nivel de protección.

Llamado urgente a la acción

El defensor del pueblo catalán ha descrito la aprobación de esta ley como una necesidad urgente, instando a las autoridades bancarias a reforzar sus protocolos y a priorizar a los clientes como «sujetos protectores» en el contexto del fraude electrónico. También reiteró la importancia de garantizar la transparencia para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas sobre sus finanzas.

A medida que el proyecto avanza por el proceso legislativo, las víctimas de estafas continúan enfrentando importantes obstáculos, lo que incrementa la demanda en favor de un marco legal que evite la revictimización y obligue a los bancos a actuar con la debida diligencia.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la creciente ola de fraude electrónico que afecta a Costa Rica, donde incidentes como el «Phishing» o transferencias no autorizadas han causado pérdidas multimillonarias a los consumidores.

En este momento, no existe una normativa clara que obligue a las entidades bancarias a compensar a los afectados, dejándolos en una posición desfavorable frente a instituciones que operan con procesos poco transparentes.