El Sindicato de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) condenó este viernes “cualquier maniobra de carácter político” que afecte los derechos laborales de sus trabajadores.

En un comunicado, el grupo expresó «su absoluto y categórico rechazo» a lo que denunció ayer el exdirector general del INS, Luis Fernando Monge, un supuesto rechazo al aumento salarial en la institución por motivos electorales.

“Rechazamos estricta y categóricamente cualquier maniobra política que busque afectar directa o indirectamente los derechos laborales de los trabajadores, especialmente cuando tales medidas tengan como objetivo obstaculizar o debilitar un ajuste salarial justo y necesario”.

“Lo cierto es que desde inicios de este año esta organización sindical viene apoyando procesos de negociación formal, técnica y responsable encaminados no sólo al ajuste salarial, sino también a la negociación integral del convenio colectivo como herramienta legítima para proteger las condiciones laborales y económicas de los servidores públicos”, explicó la UPINS.

Estas manifestaciones se produjeron luego de este jueves frente a los diputados de la Comisión de Control de Ingresos y Gastos Públicos. Monge aseguró que como directivo intentó aprobar este ajuste salarial, pero que la actual presidenta Gabriela Chacón le informó que debía tramitarse en enero, un mes antes de las elecciones presidenciales.

«La última vez (Chacón) me dijo que los aumentos serían válidos hasta enero de 2026 por cuestiones electorales. Pero como era un asunto administrativo, tenía que asumir las consecuencias si quería aprobarlos. Ella me dijo delante de testigos que si fuera así, ‘rompería la mesa’ delante del Presidente (Rodrigo Chaves)», denunció Monge.

El sindicato defendió que este ajuste contenido en el convenio colectivo no era ni un privilegio ni una concesión discrecional, sino una «medida indispensable para recuperar progresivamente el poder adquisitivo, que se ha deteriorado significativamente».

«Los funcionarios públicos han estado sujetos a restricciones, congelaciones y retrasos salariales durante los últimos doce años, lo que ha tenido un impacto real y duradero en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias», dijo el grupo.

La UPINS exigió que las negociaciones sobre este aumento se lleven a cabo “libres de injerencias políticas y con respeto a los principios de legalidad, buena fe, justicia social y dignidad del trabajo, piedras angulares del Estado social de derecho”.