El lunes, el jefe del partido gobernante presentó una consulta a los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la solicitud del
El lunes, el jefe del partido gobernante presentó una consulta a los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la solicitud del organismo electoral de levantar la privacidad del presidente Rodrigo Chaves.
Aunque dijo que lo presentaría a finales de la semana anterior, Cisneros aseguró que primero consultó con abogados peritos y este lunes lo envió.
Para ella, el pedido del TSE no es procedente ya que la ley no le permite pedir la remoción de competencia del presidente.
«No hay leyes que lo permitan», afirmó el mandatario nombrado al haber consultado con .
«La Constitución deja muy claro, muy claro, que cuando la denuncia es contra el presidente, ministros, comisionados condales, diplomáticos, ejecutivos, el tribunal no puede responder a un funcionario, sino que simplemente tiene que limitarse a la investigación y enviarla al Congreso», agregó Cisner.
Ante esta postura quiere que se aclaren las dudas para que la presidenta en funciones, Vanessa Castro, dé la resolución sobre el procedimiento. vicepresidente del parlamento Dijo el jueves pasado que lo anunciaría el 20 de octubre.; Es decir, la semana que viene.
«Estoy dejando que las evalúen dos o tres abogados o peritos, para que me ayuden a que las preguntas estén bien formuladas, porque hago preguntas de periodista y no necesariamente preguntas que sean técnicas, entonces el lunes envío las preguntas, las repito.
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(Foto: Marco Monge/)
El legislador realizó las mismas consultas a los servicios técnicos que el TSE. En total, el partido gobernante formuló 7 preguntas a dos partidos.
Algunas de estas preguntas que hizo son:
«¿Cuál es entonces el criterio constitucional que prevé y justifica la competencia del Tribunal de Justicia para pedir a la Asamblea Legislativa que levante la competencia del Presidente de la República por presuntos actos sobre Belgja?»
«¿Cuál es un criterio constitucional que confirma al TSE la posibilidad de solicitar la competencia del Presidente de la República, teniendo en cuenta que el artículo 270 de la Ley Electoral, como se dijo, limita directamente a enviar el documento al parlamento sin explicar este último procedimiento?»
«¿Puede el TSE, con la interpretación de expresas normas constitucionales (artículos 102, 5, 5), asumir la relación entre poderes como los llamados, y sancionar al Presidente de la República, basándose únicamente en la norma de una posición jurídica que excede lo establecido constitucionalmente?»
¿Existe algún ejemplo legislativo para hacer referencia a algún documento del TSE, que ha solicitado quitarle competencia al superior poder político para otro caso? De ser así, ¿cuál fue el procedimiento detallado y la sesión legislativa seguida en esa ocasión y sus bases? «
Además, el subcomisario pidió contar cuántos expresidentes y suplentes en el ejercicio de los roles fueron investigados por político militar y las sanciones que les impusieron, en los últimos 20 años.
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Aparte de esto, Cisneros cree que el subdirector general del PUSC seguirá el mismo procedimiento que Rodrigo Arias estableció para el proceso anterior de levantamiento de competencia solicitado por la Corte Suprema contra Chaves por el caso denominado BCI-Cariñitos.
«Me parece que Vanessa Castro va a hacer el mismo camino que don Rodrigo Arias para nombrar tres honorarios y que esta Comisión de tres suplentes investigue el documento y presente un informe al MP», dijo.
Si bien las instrucciones están publicadas en la resolución, el tiempo podría ser similar, 20 días hábiles y con posibilidad de prórroga.
El informe emitido por la agencia sería elegido miembro del parlamento y necesitaba 38 votos.
«Espero que la mayoría de los suplentes tengan serenidad y amor para no optar por levantar la intimidad de don Rodrigo Chaves», dijo finalmente Cisneros.
El TSE presentó la semana anterior a la Asamblea Legislativa la solicitud sobre el levantamiento de la inmunidad por 15 denuncias del ejército político contra el presidente.
Esto podría ser desde el retiro de las credenciales como presidente hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de tiempo determinado.
