El Ministerio de Seguridad Pública tiene más de 20 procesos administrativos activos contra funcionarios públicos por presuntos casos de corrupción, los cuales están siendo investigados por la Unidad de Acción Disciplinaria Judicial de la institución.

Algunas de estas denuncias fueron compartidas en redes sociales, otras provinieron de ciudadanos, empresas privadas, jefaturas policiales e incluso autoridades judiciales. Todos, sin excepción, deberán seguir el mismo procedimiento administrativo interno.

De los casos abiertos, ocho expedientes se encuentran actualmente en poder de la comisaría y otros 13 aún están en proceso de investigación.

Sin embargo, las autoridades reconocen que no todos los casos avanzan al mismo ritmo. Si al mismo tiempo se está llevando a cabo una investigación penal, el procedimiento administrativo podrá suspenderse temporalmente en espera de una decisión judicial.

Según el Ministerio de Seguridad, el Departamento de Acción Disciplinaria Judicial recibe cada año más de mil denuncias sobre diversos delitos cometidos por funcionarios. De ellos, entre 350 y 400 casos terminan con sanción.

Sin embargo, la institución asegura que las denuncias específicamente relacionadas con corrupción han disminuido respecto a años anteriores.

Dependiendo de la gravedad de los hechos probados, en el peor de los casos, las sanciones pueden ir desde medidas disciplinarias hasta el despido sin responsabilidad por parte del empleador.