El Salvador aprobó el martes 17 de marzo el inicio de una reforma constitucional que permitiría imponer la cadena perpetua a personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo.
El Salvador aprobó el martes 17 de marzo el inicio de una reforma constitucional que permitiría imponer la cadena perpetua a personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo. La iniciativa surge después de cuatro años bajo régimen de excepción, período en el que el oficialismo asegura haber logrado una reducción sostenida de la criminalidad.
La propuesta, impulsada por el partido Nuevas Ideas y apoyada por PCN y el PDCsuperó el requisito de firmas necesarias y avanzó con dispensa de trámite, lo que permitió su discusión y aprobación inicial de forma expedita en la Asamblea Legislativa.
El objetivo central de la reforma es modificar el artículo 27 de la Constitución, que actualmente prohíbe la prisión perpetua. Diputados oficialistas defendieron el cambio como medida para garantizar la seguridad y evitar que delitos graves queden sin sanciones ejemplares.
Durante el debate, la diputada Suecy Callejones afirmó que el país no está dispuesto a retroceder en materia de seguridad ni aceptar presiones externas. Según señaló, las reformas buscan consolidar de forma «irreversible» el control territorial recuperado en los últimos años.
En la misma línea, el legislador Giovanny Zaldaña sostuvo que las leyes deben ajustarse para proteger a “los salvadoreños de bien”, mientras que Christian Guevara rechazó que la cadena perpetua pueda considerarse una forma de tortura, argumentando que el verdadero sufrimiento ha recaído históricamente en las víctimas de la violencia.
El diputado Caleb Navarro apoyó la iniciativa citando cifras de homicidios atribuidos a colles, insistiendo en la necesidad de castigos más severos para quienes cometen crímenes graves.
Sin embargo, la discusión también evidenció diferencias en torno al enfoque del sistema penal. Desde la oposición, la diputada Marcela Villatoro planteó que el debate debe centrarse en la reparación de las víctimas, especialmente en casos de violencia sexual. Además, propuso medidas como la castración química para violadores, iniciativa que no logró apoyo legislativo.
El debate reflejó una fuerte polarización entre quienes defienden el endurecimiento de penas como herramienta para garantizar la seguridad y quienes advierten sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales.
La reforma deberá completar aún el correspondiente proceso constitucional, pero marca un paso clave en la estrategia del gobierno salvadoreño de consolidar la política de mano dura contra el crimen. Fuente: INFOBAE.
