La intervención del Defensor del Pueblo evitó que una mujer abandonada fuera dada de alta del Hospital Tomás Casas tras 220 días internada.

Según la institución, el caso generó un diálogo interinstitucional con las autoridades del centro médico y el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (Conapdis) para analizar la situación médica, social y jurídica de la residente, quien según sus antecedentes padece discapacidad y delicadas condiciones de salud.

“Si bien contaba con el alta médica, debido a la falta de una red familiar funcional y la presencia de factores de riesgo en su entorno, se identificó la necesidad de mantener su hospitalización como medida de protección social.

“Durante la reunión se explicó que liberarla sin el acompañamiento adecuado la colocaría en una situación de extremo peligro, con riesgo para su integridad física y su vida, al ser limitada su capacidad de decisión y autocuidado”, dijo la Defensoría del Pueblo.

Por ello, las autoridades concluyeron que, a pesar del reconocimiento de la autonomía personal como principio rector en materia de discapacidad, en situaciones de alta complejidad es necesario, excepcionalmente, valorar la existencia de un peligro real, cierto y debidamente comprobado para la vida, la integridad física o la salud de la persona.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo negoció con Conapdis la urgente necesidad de presentar una medida de protección ante el tribunal competente para aprobar la liberación de la residente y su colocación en un centro residencial alternativo adecuado e iniciar el procedimiento de protección correspondiente.

“El Juzgado de lo Civil, Laboral, Familiar y Penal Juvenil contra la Violencia Intrafamiliar y Protección Preventiva de Osa aceptó la medida solicitada. En consecuencia, Conapdis coordinó con el Centro Hospitalario el traslado de la residente a un hogar residencial en la zona de Pérez Zeledón, asegurando así una respuesta institucional encaminada a la protección integral de sus derechos humanos”, dijo la institución.

Las autoridades dijeron que este traslado ya se había realizado “para garantizar su plena protección y calidad de vida”.