El Juzgado Penal de San José dejó en libertad a un ciudadano colombiano de nombre Vergara, de 40 años, sospechoso del feminicidio de Johanna Quirós Chacón. La decisión se produjo después de un mes de juicio, a pesar de que la fiscal adjunta de género solicitó una pena de 21 años de prisión.

La familia de la víctima expresó temor de que el extranjero abandonara el país durante el proceso de apelación.

«Mi hija murió hace un año. Ahora resulta que la impunidad de la sentencia nos está matando otra vez. Volvió a matar a mi hija, volvió a matar a toda la familia, y ahora no sé qué nos duele más, la impunidad de que vengan y maten a una niña con cuatro hijos que todavía tiene toda la vida por delante», dijo el padre.

El feminicidio ocurrió en marzo de 2025 en un cuartel del centro de San José. Según la investigación, la víctima y el sospechoso discutieron, tras lo cual él la atacó y asfixió.

Como prueba, el fiscal presentó al menos once llamadas que Johanna realizó al centro de llamadas de emergencia el día del crimen. En uno de ellos, la mujer advirtió que “se produciría un feminicidio” y que sería víctima de agresiones. Posteriormente, el acusado llamó para confirmar el asesinato.

«El mismo asesino que admitió haberla matado se inventó muchas excusas de por qué la mató y ahora está libre. Ver que no le van a dar ni un día de prisión es terrible; darse cuenta de que viene una persona justifica matar a una mujer y al final se lo creen todo y prácticamente condenan al que llamó y pidió ayuda», agregó un familiar.

Johanna tenía 40 años y era madre de cuatro hijos. Fue la undécima víctima de feminicidio en 2025, año en el que el Observatorio de Violencia de Género de Justicia contabilizó 33 casos en el país.

Según las estadísticas, este año se registraron 11 feminicidios en Alajuela, 3 en Cartago, 3 en Guanacaste, 3 en Heredia, 2 en Limón, 5 en Puntarenas y 6 en San José. Respecto al método utilizado: 11 fueron asesinados con arma blanca, 7 con arma de fuego, 9 por asfixia, 1 por golpiza y 5 aún están bajo investigación.

La familia teme que el acusado abandone el país durante el proceso de apelación y el caso quede impune.