La Unión del Banco de Costa Rica, Unebanco, respondió este martes a la nueva propuesta de venta de la institución, esta vez con la ayuda de la presidenta electa Laura Fernández.

El grupo sindical cuestionó no sólo esta intención, sino también las justificaciones esgrimidas por el futuro presidente.

«En ocasiones anteriores el gobierno ha intentado justificar la venta del BCR para pagar la deuda nacional; ahora el presidente electo quiere justificarlo con otro argumento falso: la capitalización del fondo de pensiones de la CCSS IVM.»

«Aquí hacemos una declaración seria: la venta del BCR no solucionará ningún problema estructural del Estado, mucho menos el problema de las pensiones. La propuesta no es más que una mera idea sustentada en mentiras», afirmó el sindicato.

Entre esas supuestas mentiras está la supuesta quiebra de la institución, ya que Fernández aseguró que al banco le iba mejor “antes de la quiebra”.

«Es completamente irresponsable y falso afirmar que el banco está en crisis. Los informes financieros auditados y monitoreados por la SUGEF demuestran que el BCR es una de las instituciones más sólidas y rentables del sistema bancario nacional.»

«No somos una carga fiscal para el Estado; somos un motor que genera ganancias netas y proporciona enormes recursos a toda la población año tras año», añadió el grupo.

También aseguraron que el BCR no podía considerarse un “salvavidas” para el IVM y que, por el contrario, su venta implicaría enormes costos sociales.

«Señora Presidenta, señora Laura Fernández: La existencia estatal del BCR no es un tema de mera discusión económica o financiera, tiene que ver con las políticas de desarrollo social, con la realidad cotidiana en los territorios y en la vida socioeconómica de las comunidades. Su propuesta para el BCR es un ataque directo al Estado de bienestar costarricense», concluyó.

El sindicato llamó a los trabajadores del BCR, a sus familias y a toda la población a defender las instituciones del país.

Fernández aseguró que impulsaría esta venta con el fin de capitalizar el fondo de invalidez, jubilación y muerte de la CCSS, el principal sistema de pensiones del país, cuyas reservas se agotarían en los próximos 20 años.