Los diputados aprobaron en segundo y último debate el expediente 24.185, que Abolición de las penas de prisión contra periodistas por difamación o insulto comprometidos con el ejercicio de su profesión.

Esta es una reforma del ley de imprenta promovido por el liberal Gilberto Campos, quien defendió la derogación de artículos cuya aplicación quedó obsoleta en la realidad actual.

En concreto, la reforma deroga los artículos 7 y 8 de la Ley 32: el primero sanciona a los responsables de difamación o difamación por parte de la prensa con pena de prisión de uno a 120 días, pena que hasta la fecha se ha dividido entre los autores y los editores responsables.

El artículo segundo señala que se impondrá la misma pena a quienes, a través de publicaciones de prensa, intenten “socavar el orden o alterar las relaciones amistosas con un Estado”.

“A partir de hoy, cualquiera que ejerza la libertad de prensa puede hacerlo sin temor a que la ley de imprenta sea utilizada como mecanismo disuasorio para impedir sus publicaciones”, celebró Campos.

El proyecto fue votado en primer debate a finales de octubre del año pasado y no fue convocado en las reuniones extraordinarias anteriores, por lo que hasta el momento ha habido un segundo debate.