Este lunes, agentes de la policía correccional arrestaron a cuatro funcionarios del Departamento de Justicia cuando intentaban introducir artículos prohibidos en varias prisiones.

El primer caso ocurrió en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, donde una oficial de apellido Escobar fue detenida luego de que se le encontraron dos memorias USB cargadas, pese a que solo tenía permiso para una.

En el mismo centro de detención, otro agente llamado Buzano fue detenido por portar en su bolso un disco duro con un cable USB sin la debida autorización.

También este lunes se registraron otros dos hechos similares en la Unidad de Atención Inmediata (UAI) Pablo Presbere en Pérez Zeledón.

En el primer caso, a un supervisor de nombre Bermúdez se le decomisó un dispositivo manos libres, un cargador y una llave de almacenamiento USB.

En un segundo caso, a una administradora de transporte del Ministerio de Justicia y Paz, Rubí Jiménez, le confiscaron un teléfono móvil mientras lo portaba sin el correspondiente permiso de entrada.

Todos los agentes quedaron bajo la jurisdicción de la fiscalía.

Junto a ellos se suman ahora 64 policías y funcionarios de la administración penitenciaria que deben responder por malas conductas.

El Poder Judicial también informó la detención de dos proveedores de apellidos García y Zúñiga, a quienes se les confiscaron dos teléfonos celulares, uno a cada persona, por no coordinar los permisos de ingreso con la administración.