San José, 17 set (Elpaís.cr). – The Costa Rica Federation of the Fishing Tourist Fishing (FECOP), in the organization of the National Guard of the Guardacostas, the Environmental Prosecutor’s Office of the Public Ministry and the human organization World for Animals (HWA), reinforced this week the fight against the illegal struggle, undeclared and the unregulated fishing (IndNR fishing) with the fourth edition of a specialized course in a specialized course in a specialized course in a specialized course in a specialized course in a specialized course in a specialized course in a specialized course in a specialized course in a specialized course in a specialized course A course specialized in a course specialized in a course specialized in a course specialized in a course specialized in a course specialized in a specialized course in a course specialized in a course specialized in a detention, in a detention specialized in a course specialized in a specialized course in a special course research and research judicialization of fishing crimes.

La reunión se celebró el 11 y 12 de septiembre en Punta Leona, con la participación de más de 30 jueces, fiscales, personal de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ), la Guardia Costera e incorporación, que recibieron capacitación teórica y práctica sobre la aplicación de la ley de pesca y las regulaciones internacionales.

En cuatro años, más de 140 funcionarios del sistema de justicia, organizaciones policiales y entidades de inspección han pasado por esta capacitación, consolidando un espacio que busca reducir la impunidad contra los delitos pesqueros y proteger las actividades económicas clave, como la pesca turística, valorada a más de $ 520 millones al año.

Innovación tecnológica en la capacitación

Una de las novedades de la edición de 2025 fue el uso de la realidad virtual para simular enfoques para presuntos buques de pesca ilegal, lo que permitió a los participantes practicar procedimientos de investigación y recopilar pruebas en escenarios realistas, sin incurrir en los riesgos y los altos costos de movilización de los buques.

«El curso permite a los jueces, fiscales y policías comprender mejor la legislación y el lenguaje técnico de la pesca, lo que facilita el análisis de los casos a los que enfrentan más claramente», dijo Moisés, Director de Ciencias de Fecop.

Impacto económico y ambiental

La pesca ilegal en Costa Rica representa millones de pérdidas. Según las estimaciones, entre 2010 y 2015, perdió $ 84 millones solo en la pesca de atún, mientras que el daño mundial asciende a $ 154 millones al año.

A nivel local, estas prácticas incluyen la incursión de barcos extranjeros en áreas protegidas, la captura de especies veladas y pesca para peces con piel animada y cebo a 30 millas de la costa, lo que resulta en la muerte de aproximadamente 19 mil piezas al año, afectando directamente a la pesca turística y deportiva.

Mirada integral a la impunidad

El curso reunió a representantes del poder judicial, el enjuiciamiento ambiental, los organismos policiales y las autoridades ambientales, lo que permitió un enfoque multidisciplinario.

«La reunión es positiva porque coordina a los actores con diferentes fortalezas: legal, investigador, policía y científico, fundamental para una aplicación más efectiva de justicia», dijo John Vargas, del Departamento de Ciencias Forenses de la OIJ.

Por su parte, Mónica Espinoza, de Global Fishing Watch, enfatizó la importancia del intercambio de información entre las instituciones para fortalecer las decisiones judiciales y proteger tanto la biodiversidad como la seguridad alimentaria para las comunidades costeras.

«Un funcionario público debidamente capacitado tiene una mayor objetividad y conocimiento para tomar decisiones. Estos talleres contribuyen enormemente al interés público, especialmente en un tema tan sensible como la pesca ilegal», agregó Edwin Salazar, del Departamento de Supervisión de los Incopios.

Compromiso con la sostenibilidad

Fecop dijo que continuará promoviendo la capacitación de los funcionarios y fortalecer las alianzas público-privadas para crear comunidades costeras sostenibles, promoviendo prácticas pesqueras responsables y la conservación de los recursos marinos.