La Oficina del Defensor del Pueblo abrió una investigación contra el Instituto de Aqueductos y Alcantarillas Costacionarios (AYA) por su mala administración en proyectos de suministro de agua potable en la gran región metropolitana (GAM).

Según el campeón defensor, se encontró trabajo con más de 10 años de retraso. Los aumentos de aumento hasta en hasta 100% en sus costos y proyectos no se han activado, lo que evita las inversiones en la estructura arancelaria del servicio.

El examen se centra en los retrasos, los problemas de cruce y ejecución de costos y trata de determinar si existe una planificación clara, priorización y ejecución de inversiones públicas.

Además, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARP) informó que estos retrasos y cancelaciones obstaculizan los ajustes arancelarios necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera de la AYA.

La situación se aprieta por el fenómeno de agua no descrito, que incluye pérdidas debido a fugas, infraestructura obsoleta y otros factores. Según los datos de AYA, solo el 41% del agua producida se facturó en 2021, lo que significa que casi 6 de cada 10 litros se pierden antes de llegar al usuario final.