San José, el 17 de mayo (Elpals.CR) .- En una reciente crisis que pone a prueba la esencia misma de su democracia, Costa Rica, un país normalmente reconocido por su estabilidad política y la ausencia de fuerzas armadas, se encuentra en una situación crítica. Este momento desafiante ha resonado a lo largo y ancho de la nación, llevando a los ciudadanos a cuestionar no solo su sistema democrático, sino también los vínculos existentes entre el poder político y el crimen organizado.

En el corazón de este escándalo se halla José Fabio Pizarro, ex director de la fuerza pública, quien ha sido condenado por el tráfico de drogas. Previamente, este individuo había instado a movilizarse en apoyo del presidente Rodrigo Chaves, generando controversia con sus declaraciones y acciones. En este contexto, lo que podría parecer un llamado simple ha sido interpretado por muchos sectores como una señal alarmante de una posible militarización política, así como de una posible complicidad con estructuras criminales.

Pizarro ha utilizado mensajes de voz y textos en redes de mensajería para convocar a “ex batallones, saqueo y ordenando” en San Carlos, una zona que se considera susceptible en términos de seguridad. A pesar de que sus organizadores han tratado de presentar la marcha como “apolítica” y defensora del presidente ante lo que llaman oligarquía y filibusteros modernos, la implicación de un traficante de drogas para movilizar a las fuerzas organizadas en defensa del gobierno plantea serias dudas.

La cara de un viejo fantasma

José Fabio Pizarro no es un personaje irrelevante dentro del ámbito de la seguridad nacional. Su historia es rica en controversia; por ejemplo, en 2013, tuvo un papel protagónico en la creación del grupo conocido como «Patrulla 1856», que se formó en el contexto del conflicto con Nicaragua en la isla de Calero. Aunque se presentó inicialmente como un símbolo del patriotismo, investigaciones posteriores desfilaron una imagen diferente, revelando que esta agrupación facilitaba operaciones de narcotráfico en colaboración con carteles mexicanos.

En 2018, Pizarro fue condenado por la transferencia de una impresionante cantidad de más de 200 kilos de cocaína, colocándolo entre los delincuentes más notorios d. Su actual exigencia de movilización militar en apoyo del presidente Chaves, por lo tanto, ha suscitado justificada preocupación sobre el vínculo entre el crimen organizado y el ámbito político.

Minor Vargas, quien también es oficial de policía y aliado en esta campaña, ha empleado un lenguaje incendiario para fomentar la marcha, delineando su represión como una “lucha contra la élite” que busca socavar el gobierno de Chaves. Este tipo de lenguaje y las imágenes utilizadas evocan movimientos paramilitares observados en otras regiones de América Latina, donde la presencia de actores armados no estatales ha erosinado las bases democráticas.

Las instituciones han reaccionado rápidamente; Rocío Alfaro, diputada del frente amplio, fue de las primeras en alzar la voz sobre los peligros que conlleva la normalización de estas movilizaciones. En sus palabras, «Es desastroso que incluso una guerra civil se plantee para proteger la impunidad del ejecutivo». Analistas, ex ministros y juristas se han sumado a este diagnóstico, señalando que permitir la expansión de tales organizaciones representa una amenaza directa para el estado de derecho.

La Agencia de Investigación Judicial (OIJ) ha comenzado a indagar sobre los audios de Pizarro, mientras que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) estudia la posibilidad de un riesgo real para el orden público. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido una decisión clara del Ejecutivo que desautorice esta peligrosa iniciativa, y las voces que advierten sobre este fenómeno continúan creciendo.

El veto que desencadenó la crisis

Cabe señalar que el desencadenante de esta tormenta política fue el veto presidencial a un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Legislativa y que buscaba extender el calendario para realizar redadas. Este proyecto fue visto como una herramienta crucial en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en regiones donde se llevan a cabo operaciones criminales durante la noche. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves decidió vetar la legislación, argumentando que violaba los derechos constitucionales y abría la puerta a abusos policiales.

Dicha decisión incitó una ola de críticas, especialmente por parte de legisladores que, como Danny Vargas del Partido Nacional de Liberación (PLN), acusaron al presidente de “coludirse con los narcotraficantes en vez de defender a los ciudadanos”. Vargas fue incluso más lejos al asociar el veto con la aparición de Pizarro en el escenario. “¿Qué es Costa Rica?”, cuestionó.

El fantasma de la negociación fue reportado desde México

Para complicar aún más el escenario, el periódico mexicano El Universal reveló que el gobierno de Costa Rica podría haber estado negociando un acuerdo con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, buscando un pacto de no agresión que minimizaría las tasas de homicidio a cambio de apoyo para el control territorial. Aunque Chaves descalificó la información como “patraña”, la Fiscalía General ha abierto una investigación para esclarecer el posible «incumplimiento de deberes».

La opinión de Vladimir de la Cruz, ex embajador en Venezuela, refuerza la percepción de que se está gestando un pacto entre el gobierno y los grupos criminales para dividir territorios y disminuir las muertes. Esto plantea preocupaciones sobre la implantación de un estado autoritario que se justifica utilizando como excusa la inseguridad, palabras de alarma que se oyen cada vez más fuerte en .

La retórica presidencial bajo la lupa

El clima político se ha intensificado aún más debido a las declaraciones del presidente Chaves, quien en un reciente discurso no dudó en criticar el trabajo de la OIJ e insinuar que ciertos sectores están provocando inestabilidad. Recordó la Guerra Civil de 1948, dejando en el aire la sugerencia de que podría haber paralelismos. Las reacciones no se han hecho esperar, y Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, calificó estos comentarios como «irresponsables e imprudentes», insistiendo en que Costa Rica es un país de paz y que tales intervenciones van en contra de los valores democráticos y de la civilidad que rigen .

Un manifiesto para la democracia

Más de cincuenta figuras públicas, incluidos académicos, artistas y activistas, han redactado un manifiesto advirtiendo que “la democracia está en peligro” y acusando al presidente de crear condiciones propicias para un autogolpe. Este documento clama por la movilización de la sociedad civil para defender el orden constitucional y rechaza la idea de dejarse llevar por el miedo o la resignación hacia movimientos que buscan desestabilizar la democracia. Por ello, invitan a sindicatos, movimientos feministas, estudiantiles y colectivos territoriales a unirse para resistir ante una posible escalada autoritaria.

El término “autogolpe” no debería tomarse a la ligera. Durante años, los especialistas en ciencias políticas han subrayado cómo algunos líderes electos pueden, mediante el uso de la estructura institucional, concentrar el poder y debilitar los contrapesos del sistema. Los ejemplos de países como El Salvador o Nicaragua son claros recordatorios de lo que podría acontecer si no se mantiene intacto el marco legal y democrático.

Tormenta pasajera o punto de inflexión?

Costa Rica se encuentra en una encrucijada. A pesar de que las instituciones todavía operan, y un sector de la sociedad civil ha comenzado a articular respuestas ante la crisis, el panorama político se ha vuelto mucho más sombrío. Con la presencia de actores armados con antecedentes delictivos, el clima de desconfianza entre las ramas del poder y la narrativa beligerante del presidente, se forma un cóctel peligroso que podría llevar a la nación a un punto crítico.

La pregunta más urgente es si este momento representa solo una crisis política transitoria, como tantas otras vividas en su historia reciente, o si es el comienzo de un proceso más profundo de erosión democrática que podría afectar las bases mismas d. El tiempo es testigo de si esta crisis será superada o si se desarrollará en un escenario de mayor inestabilidad.

Rocío Alfaro concluye con esperanzas de que el ejecutivo rechace estos grupos y defienda el estado de derecho, expresando que “este no es que queremos”. Sin embargo, el futuro dependerá de cuán efectivas sean estas esperanzas frente a un creciente clima de autoritarismo.

Una democracia en juego

Costa Rica está en un punto de inflexión. La fortaleza institucional, que durante décadas fue objeto de admiración, se ve ahora desafiada no solo por el crimen organizado, sino también desde el interior mismo de la política. La responsabilidad recae sobre los ciudadanos, la oposición, las universidades, la prensa libre y el poder judicial para defender la democracia ante las crecientes amenazas. La única forma de hacerlo es manteniendo la paz y el orden por medio del respeto a las leyes, rechazando la violencia y promoviendo un diálogo constructivo.