En Washington, el 17 de mayo, el medio Latino Peensa reportó que las apelaciones recientes han determinado que los planes actuales autorizan a la administración de Donald Trump a deportar migrantes hacia destinos que no son su país de origen. Esta situación ha generado un ambiente de preocupación e incertidumbre no solo entre los migrantes, sino también entre los defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.

El tribunal estadounidense, en una decisión preliminar, ha rechazado la solicitud del gobierno federal que buscaba que se paralizara la ejecución de una sentencia emitida por un tribunal inferior que detenía esta controversia política. Esta decisión legal se produce en un contexto de creciente alarma, dado que se han filtrado informes sobre la posibilidad de que los inmigrantes indocumentados sean enviados a Libia, entre otros destinos preocupantes.

La administración de Trump ha estado explorando alternativas para llevar a cabo deportaciones masivas a otros países como Angola, Benín, Guinea Ecuatorial, Esuatina, Ruanda y Moldavia. Esto parece indicar una estrategia más amplia que involucra acuerdos con esos países para recibir migrantes deportados, lo que ha generado fuertes reacciones y protestas por parte de organizaciones humanitarias.

La Junta de Apelaciones del sistema judicial expresó «preocupaciones» sobre la posibilidad de que la administración republicana reanude estas políticas, advirtiendo sobre «daños irreparables» que podrían resultar de tales acciones, especialmente en el contexto de la migración forzada.

En marzo, el director de la Administración de Seguridad del Transporte, Brian Murphy, así como otros funcionarios, limitaron la capacidad del gobierno de Trump para deportar a inmigrantes a terceros países sin un aviso previo por escrito y sin proporcionarles la oportunidad de disputar legalmente su expulsión. Esto ha sido objeto de un intenso debate en los medios y entre los legisladores.

Recientemente, los defensores de derechos humanos también presentaron una propuesta urgente con el fin de bloquear las expulsiones hacia Libia. Sin embargo, el gobierno libio ha negado que exista un acuerdo formal con las autoridades estadounidenses para aceptar deportaciones de migrantes.

A lo largo de este año, la administración de Trump ha estado activa en sus esfuerzos para deportar a cientos de migrantes que se encontraban en Panamá, y se ha informado que más de 230 migrantes, en su mayoría venezolanos, han sido enviados de regreso a su país. En algunos casos, estos migrantes han sido entregados a pandillas en condiciones polémicas y peligrosas.

Adicionalmente, Guatemala también ha acordado aceptar el regreso de migrantes provenientes de terceros países como parte de un acuerdo previamente establecido durante el segundo mandato de Trump. Este contexto resalta las complicaciones y tensiones que rodean la migración en América Central y el papel que juegan las políticas estadounidenses en tales dinámicas.