El presidente Rodrigo Chaves ha establecido una clara advertencia: si los legisladores alternativos persisten en la elaboración del proyecto conocido como «la reforma de la ley 8,754, ley contra el crimen organizado diseñada para fortalecer el papel de la administración de la controvertida jurisdicción», que es comúnmente referida como capitales emergentes, ejercerá su derecho de veto. Chaves ha sido explícito en que las leyes que tratan sobre la extinción del dominio no serán toleradas si se presentan en un formato que no haya sido debidamente considerado y ajustado.

El presidente enfatiza que, en su opinión, en situaciones como esta, si la propuesta contara con las características que actualmente tiene, el veto sería inmediato. Para ilustrar su punto, mencionó un escenario donde un individuo como Carlo Diaz Utility podría ser afectado, insinuando que podría ser despojado de pertenencias tales como cinturones, zapatos, relojes e incluso su dinero en el banco, planteando la pregunta acerca de la legitimidad de esos bienes: «No sé a dónde lo tomó. Tómelo».

El 31 de marzo, se mencionó que una serie de alternativas fueron aprobadas en el primer documento de discusión, el cual lleva el número 22,834. Este documento fue introducido anteriormente por el gobierno de Alvarado y se refería a dotar a las autoridades con el poder de congelar bienes cuyo origen se considerase dudoso.

El plan logró ser aprobado gracias a un voto mayoritario que incluyó a miembros de la libertad nacional alternativa, el frente amplio, así como la unidad social cristiana y el progreso social democrático, representado por Luz Mary Alpi, y la independiente Gloria Navas. La aprobación del proyecto se dio en un contexto donde la autoridad legislativa del partido gobernante, Nueva República, y algunos liberales progresistas expresaron serias dudas sobre el contenido del texto considerado.

Dudas

La propuesta en cuestión busca otorgar a las autoridades la potestad de congelar o confiscar productos y bienes financieros pertenecientes a una persona o comunidad que esté bajo investigación, incluso antes de que se presente una denuncia formal. Esto crea un escenario jurídico que, según críticos, puede ser visto como un exceso de poder.

Los bienes en cuestión serían congelados por un periodo de hasta 30 días, durante los cuales la persona afectada tendría un tiempo limitado de tres días para demostrar el origen del dinero o los bienes implicados. Este procedimiento ha suscitado inquietudes importantes entre los legisladores, pues varios han manifestado que la falta de proceso judicial previo podría llevar a abusos y violaciones a los derechos individuales.

Durante el proceso de discusión del proyecto, se hicieron cambios significativos, como la eliminación de un umbral económico que sería necesario para justificar el congelamiento de activos. Esto podría dar pie a situaciones en las que simplemente la sospecha o el cuestionamiento inicial de la procedencia de un bien sea suficiente para su confiscación.

Legisladores de distintas partes, incluidas Pilar y Eli Feinzaig, miembros destacados del movimiento liberal progresista, han compartido sus preocupaciones acerca de cómo este proyecto podría afectar a los derechos de los ciudadanos. A pesar de que el proyecto se aprobó en primera discusión, las pláticas sobre enviar el documento al Comité de Seguridad y Drogas para revisiones adicionales estuvieron sobre la mesa. Sin embargo, la falta de apoyo mayoritario significó que estos intentos no prosperaran y, en consecuencia, el texto fue desechado.