El subdirector público, Alexander Barrantes, se ha visto envuelto en una controversia tras el rechazo de la oficina del Fiscal General en relación a un delito de soborno inapropiado. Este asunto ha cobrado relevancia a raíz de que la Corte Suprema solicitara al poder legislativo que levantara la inmunidad del funcionario. La situación ha generado expectativas en torno a las posibles repercusiones políticas y legales para Barrantes.

Barrantes enfrenta acusaciones significativas, las cuales sugieren que invitó a representantes de embajadas a apoyar a Sofía Guillén, del Frente Amplio, a cambio de votos a favor de la aprobación de leyes relacionadas con el euro. Este entorno de transacciones políticas ha levantado una serie de cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en los procesos legislativos.

Es importante mencionar que en noviembre de 2022, Guillén había expresado su condena sobre ciertos comportamientos en el Parlamento, lo cual presagiaba el clima tenso que se avecinaba. La acusación del Ministro de Justicia fue formulada en enero de este año, y el miércoles pasado el tribunal procedió a enviar la solicitud de levantamiento de inmunidad al Parlamento, lo cual marca un capítulo más en esta controversia.

En un comunicado de prensa, Barrantes defendió su posición. «Era evidente para todos que se había ofrecido un nombramiento diplomático o un cargo público a cambio de votos, lo cual no solo es falso, sino que también amenaza mi honor», afirmó. A pesar de su defensa, no se aclaró en su declaración si planea renunciar a la privacidad o solicitar que esta sea levantada.

El espectador intentó obtener más información a través de un reportero, pero la respuesta de Barrantes se mantuvo ambigua en relación a su compromiso con la investigación. «Estoy de acuerdo en que el proceso legal debe respetarse, pero no deseo que los casos judiciales se utilicen como herramienta política o mediática en un contexto electoral. Deseo explorar lo que necesita ser investigado dentro del marco de legitimidad», explicó el subdirector.

Barrantes enfatizó que no teme ser objeto de investigación, reiterando su derecho a una carrera legítima y subrayando que los casos judiciales no deben convertirse en instrumentos de persecución política o mediática.

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Negociar, proponer …

En su comunicado, Barrantes también dejó en claro que su papel como legislador implica buscar negociaciones y construir puentes entre diversas facciones. «Los acuerdos políticos, que son fundamentales en una democracia activa, no deben ser confundidos con actividades ilegales. La responsabilidad de proponer, construir puentes y buscar solidaridad es un elemento esencial de mi deber como legislador», dijo.

El clima político se intensificó cuando, el 9 de noviembre de 2022, el viceplovero de Guillén en el Parlamento hizo alusión a las ofertas realizadas por la Legislatura Oficial. «Al inicio de esta sesión, el diputado Alexander en PSD me ha ofrecido cargos y embajadas a cambio de euros, y tengo la obligación moral de expresar que me dejó en estado de shock, pero también me ha ofendido, la gente no eligió silenciar estas cosas», afirmó en su intervención.

Esto desencadenó una investigación, que culminó en la acusación del Ministro de Justicia y llevó a la Corte Suprema a solicitar el levantamiento de inmunidad ante el Parlamento. Con la llegada de esta solicitud del poder judicial, se abrirá un debate en torno a si el legislador debería renunciar o si esta jurisdicción debe ser revocada para permitir una investigación judicial en su contra.

«De acuerdo con la legislación y las regulaciones del Parlamento, se debe iniciar el proceso para discutir el levantamiento de la inmunidad del legislador, dado el delito de soborno inapropiado en el intercambio de influencia», destacó el ministerio público en un comunicado el miércoles.