El abogado Gerardo Chaves, representante del ex Ministro de Público y Transporte, Mauricio Batalla, ha señalado al poder de la República como la fuente de lo que describió como la «exposición» traída a los medios el pasado martes. Esta declaración surge tras los recientes ataques perpetrados en una de las salas de combate localizadas en el área de Curridabat, en la denominada «pista oscura», que está relacionada con la pista del aeropuerto de Liberia, la cual se encontraba protegida por un fallo de emergencia que tuvo efecto debido a la tormenta Bonnie.

Chaves, con un profundo respeto por la situación actual, manifestó que «estamos inmersos en una lucha ardua, una batalla que tiene como finalidad la salvaguarda de la República y se ve amenazada por situaciones como esta», refiriéndose al caso de Batalla. En sus declaraciones, el abogado agregó que este tipo de enfrentamientos profusos «no nos conducen a ninguna solución efectiva, solo a un ataque mutuo y sin sentido». También expresó su sorpresa por la participación del Ministro de Justicia, Carlo Díaz, en la operación que buscaron realizar, así como la presencia de Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El abogado Chaves subrayó que esta situación podría haberse prevenido si Batalla hubiera presentado previamente una investigación.

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¿Se involucran otros actores?

Según Chaves, lo acontecido con la pista del aeropuerto de Liberia se remonta a cuando Batalla desempeñaba el cargo de CEO del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). En ese tiempo, Luis Amador fungía como el jefe de obras públicas, mientras que Natalia Díaz ocupaba una posición en la oficina presidencial, siendo responsable de la firma de la Directiva correspondiente.

En esta línea de argumentación, Chaves, sin mencionar nombres específicos, indicó que «hay una serie de personajes políticos que tuvieron un protagonismo aún más relevante en caso de que se encontrara algo irregular». Aclaró que «las decisiones relacionadas fueron tomadas por el comité de emergencia, donde se justificó la necesidad de finalizar la construcción en el aeropuerto». Chaves se mostró muy preocupado por la situación actual, refiriéndose directamente a la naturaleza del caso de Batalla.

Tanto Amador como Díaz no están incluidos en la lista de arrestados o acusados en este contexto. Los detenidos, que junto con Batalla forman parte del proceso, son Alejandro Picado, presidente del Comité de Emergencia (CNE), Marcos Castillo, director de Aviación, y Henry Villalobos, jefe de la División de Supervisión del CNE.

Lo que ocurrió realmente

De acuerdo con el despacho fiscal, los acontecimientos están siendo examinados bajo el documento 24-000454-1218-PE, en el cual se aguarda encontrar irregularidades. Uno de los puntos centrales de la investigación se centra en la declaración de emergencia realizada para rehabilitar la pista afectada por la tormenta. En julio de 2022, se emitió una declaración recurrente sobre la tormenta tropical Bonnie.

Zúñiga ha declarado que, para el año 2023, el fallo de emergencia se amplió para incluir la pista entre los daños causados por la tormenta, a pesar de que «no tenía conexión alguna con lo acontecido en el norte». Como resultado de estas decisiones, se destinaron $40 millones para la reparación de la pista, siendo este un tema que llevó a Rodrigo Chaves a señalar a Luis Amador en marzo de 2024, debido a lo que él consideró un interés en manipular las cifras dentro de la compañía constructora.

Fue en esta coyuntura que Mauricio Batalla fue designado como Ministro de Obras Públicas y Transporte.

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La necesidad de avanzar en los trabajos de reparación de la pista fue destacada por Zúñiga, quien indicó que la empresa MECO realizó un reabierto significativo al considerar que se habían requerido labores innecesarias, ya que solo era imprescindible restaurar la pista inicial, según lo mencionado por el portavoz del OIJ. Por otro lado, los operadores de vuelos generales consideraron que las reparaciones debían ser óptimas, dado que la pista había sido concebida para cumplir con altos estándares desde un principio.

Chaves explicó que «la ejecución del proyecto se vio obstaculizada, lo que llevó a que los grupos encargados de su implementación y supervisión requirieran el respaldo para que se llevara a cabo su regreso». Al concluir, se evidenció una deducción de $4 millones en un importante reabierto, aunque solo se completó el 33% del trabajo total que se había planteado inicialmente.

«Las modificaciones llevadas a cabo llevaron a resultados superficiales en lugar de mejorar sustancialmente la calidad, lo cual resultó en daños y reducción en la seguridad de la pista», afirmaron desde la oficina del fiscal, agregando que la compañía no sufrió castigo alguno por violar las normativas o por la falta en la ejecución de las obras.

Desde el tribunal se ha señalado que estas acciones han devuelto daño económico al estado al utilizar capital de los fondos nacionales de emergencia para trabajos que, en realidad, no fueron afectados por los fenómenos naturales, también señalando que se infringieron las regulaciones públicas.

El ministerio público ha profundizado sobre el tema, sosteniendo que «los investigados se coordinaron de manera conjunta para cumplir con el proceso de modificación del contrato (…)». Asimismo, se encuentra la evidencia de que «aprovecharon su influencia política y jerarquía para influir en funcionarios públicos a fin de que estos firmaran una serie de modificaciones que iban en contra de los argumentos técnicos que se habían planteado relacionadas a las desigualdades de los cambios mencionados», como concluyó el ministerio público.

Los individuos detenidos se encuentran actualmente en el Tribunal II en San José, bajo investigación. Posteriormente se determinará la aplicación de medidas de precaución necesarias.

Conflictos entre el presidente y el fiscal

La relación entre el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el Ministro de Justicia, Carlo Díaz, ha escalado en lo que se ha convertido en uno de los conflictos institucionales más significativos del país en años recientes.

Este conflicto se ha agravado tras una serie de investigaciones y acusaciones mutuas que involucran presuntos delitos de corrupción, interrogantes sobre la independencia del sistema judicial y ataques personales.

Uno de los momentos claves en esta disputa fue la denuncia formal presentada por el Ministro de Justicia Carlo Díaz ante la Corte Suprema contra el presidente Chaves por el supuesto delito de conmoción cerebral, relacionado con la utilización de fondos de América Central para la BCIA.

Rodrigo Chaves ha sido perjudicado notablemente, mientras que el fiscal ha acusado a Díaz de actuar como «titiritero» y «lavador del vecindario», sosteniendo que la acusación es parte de una supuesta conspiración ligada a una «mafia profunda» que implica diversos partidos políticos, el poder judicial, y el sistema legislativo.

Chaves defiende su postura argumentando ser víctima de acoso y persecución política promovida por las élites tradicionales, sosteniendo que la investigación es un intento por silenciar y amedrentar a la comisión, a la que considera una amenaza para el orden democrático.

En marzo de 2025, el presidente participó en una manifestación que exigía la renuncia del Ministro de Justicia, lo que fue interpretado por analistas y críticos como un ataque a la democracia y un esfuerzo por erosionar la separación de poderes. El presidente también ha acusado a Díaz de tener conexiones con estructuras irregulares dentro del sistema judicial, acusaciones que el fiscal ha rebatido firmemente.

Díaz ha defendido que las investigaciones en su contra no son actos de hostigamiento, sino en consecuencia de más de 100 quejas presentadas contra Chaves desde que asumió el cargo.

Esta información fue elaborada por Tomás Gómez.