A principios de este mes, el Ministerio de Salud de nuestro país emitió un comunicado a todos los municipios, ordenando que gestionen sus desechos a nivel regional. Esta nueva directriz especifica que los desechos generados no deberían ser transportados más allá de una distancia de 80 kilómetros, a menos que se presenten circunstancias excepcionales que justifiquen dicho acto.

En este contexto, se requiere que cada provincia establezca su propio vertedero sanitario o, en su defecto, una estrategia para gestionar la basura de acuerdo a criterios de salud pública. Esto es fundamental para garantizar un manejo adecuado de los residuos y se pueden encontrar más detalles sobre esta normativa en el video adjunto de Soapoticias.

«La implementación de esta normativa implica que los municipios son considerados como entidades operativas independientes, pero también como partes de grandes regiones. Esto les permitirá utilizar sus recursos de manera más eficaz y adoptar buenas prácticas de otros cantones. Sin embargo, también tendrán la responsabilidad de manejar sus propios desechos, ya que es muy sencillo generar basura y trasladarla a otra área», advirtió la ministra Mary Munive.

Con el fin de implementar estas directrices, el Ministerio de Salud otorgó un plazo específico a los gobiernos locales para cumplir con esta exigencia.

«Nos preocupa profundamente el plazo de un año que se ha establecido para que las regiones que no cuentan con un parque ambiental o una planta de tratamiento surtan efecto en su gestión de residuos. En este país, avanzar en un proyecto de esta magnitud en solo un año es prácticamente una tarea titánica», indicó Bernal Vargas, un empleado senior de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intento (ANAI).

Además de la preocupación por los plazos, otro punto crítico que ha surgido entre los municipios es la disposición de la nueva regulación, que también exige de manera firme la separación de desechos orgánicos. Esto representa un reto adicional que requerirá un esfuerzo considerable por parte de las autoridades locales.

En este nuevo marco regulatorio, se prevén sanciones para aquellos municipios que no cumplan con estas directrices establecidas por el Ministerio de Salud. Esta situación ha generado un clima de inquietud entre los gobiernos locales, quienes están evaluando si esta normativa podría considerarse como una violación de su autonomía local y sus capacidades de autogobierno.

Ante la importancia y la complejidad de esta cuestión, es evidente que se necesita un diálogo abierto entre el gobierno central y los municipios. La colaboración será clave para abordar adecuadamente estos problemas y encontrar soluciones sostenibles que beneficien a toda la población.