Elidya Espinosa, presidenta de la ANEP, hizo un llamado urgente al Gobierno, afirmando que si sus demandas no son atendidas en un plazo razonable, comenzarán formas de protesta más intensas a partir del 19 de mayo. Esta advertencia subraya la creciente frustración entre el personal sanitario, que incluye a trabajadores del Instituto Nacional de Oncología (ION), CSS y el Hospital de Niños, quienes se oponen a esta nueva ley que afecta de manera crítica el sistema de jubilación.

Espinosa también mencionó que, además de la posibilidad de huelga, se están preparando para llevar a cabo una asamblea abierta destinada a evaluar el impacto que las decisiones externas podrían tener en el sistema de salud y su operativa.

La protesta se ha extendido más allá del ámbito de la salud, uniendo a diversos sectores que abogan por una vida digna en el marco federal. Entre ellos, se encuentran educadores y profesionales de la construcción, quienes desde el 23 de abril han estado en huelga indefinida, exigiendo la derogación de esta normativa que consideran perjudicial.

Las quejas y preocupaciones de estos grupos no se limitan solamente a la Ley 462; también rechazan un memorándum de entendimiento firmado el pasado abril entre el Gobierno y los Estados Unidos, el cual, según ellos, representa una amenaza a la soberanía nacional. En este contexto, el líder del gremio de constructores, Saúl Méndez, expresó su descontento con la postura del presidente José Raúl Mulino, quien afirmó que no participará en diálogos con agrupaciones que discutan asuntos relacionados con el seguro social.

En este contexto, el expresidente y candidato en 2019, compartió su perspectiva sobre las movilizaciones, argumentando que son una vía para abrir canales democráticos en relación a la Ley 462 y para poner fin a lo que él considera arbitrariedad gubernamental. Esta opinión resuena entre muchos que ven en estas protestas una manera esencial de hacer oír sus voces.

Por su parte, Mulino, en su conferencia de prensa semanal, subrayó que su administración se alinea con los intereses nacionales y reconoció el derecho constitucional a la protesta. Sin embargo, también expresó su preocupación por el tráfico libre y las posibles interrupciones en las vías, afirmando que no se permitirá el cierre de carreteras como un medio para ejercer presión por esta causa.