Un policía penitenciario fue arrestado en la prisión de San Sebastián el jueves por la noche después de ser sorprendido con drogas y un teléfono celular. Este incidente ha generado una gran preocupación en el sistema penitenciario del país, especialmente considerando que el individuo en cuestión era un funcionario del sistema de Asrí con una trayectoria de diez años. La situación plantea serias dudas sobre las condiciones de seguridad y el control interno dentro de estas instituciones

El funcionario, cuya identidad todavía no ha sido divulgada, estaba desempeñando sus labores cotidianas cuando se produjo la intervención. Los detalles de la operación han sido revelados por el Ministerio de Justicia, que destacó que la intervención fue el resultado del trabajo eficaz de los servicios secretos de la propia policía de la prisión. Durante una revisión de rutina, los funcionarios dieron con un paquete envuelto en cinta negra que el agente llevaba consigo.

“La intervención fue gracias a los servicios secretos desarrollados por la propia policía de la prisión. Durante una revisión de rutina, los funcionarios descubrieron que el agente llevaba un paquete envuelto en una cinta negra.”

“Dentro del paquete, 91 gramos de cocaína, 66 gramos de marihuana, 2.10 gramos de medicamentos de cera, un teléfono celular y un cargador”, dijo el Ministerio de Justicia.

Tras la conmoción generada por el arresto, el ministerio activó este Protocolos internos y coordinó con eso Flagrancia Fiscal del primer grupo judicial de San José, que ahora es responsable de los procedimientos judiciales contra el funcionario arrestado. Este tipo de acciones es fundamental para mantener la integridad y la seguridad en las instituciones penitenciarias, así como para demostrar que el sistema no tolerará conductas ilegales por parte de sus miembros.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, en los últimos tres años se han llevado a cabo múltiples investigaciones que han dado como resultado que al menos 30 oficiales de prisión hayan sido transferidos al ministerio público por hechos similares que comprometen la seguridad del sistema penitenciario. Estos datos ponen de manifiesto un problema estructural que va más allá de un único caso de corrupción, sugiriendo que es necesario implementar cambios significativos y capacitación en la vigilancia y el control de los recursos dentro de la penitenciaría.