En relación con la nota publicada por Telenotica el 1 de mayo, se hizo referencia a la situación de dos empleados de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Este informe sugirió que, a pesar de que estos funcionarios fueron objeto de análisis respecto a sus salarios, no fueron suspendidos debido a supuestos capitales fantasma que han causado controversia en el ámbito público. Esto ha generado un debate considerable acerca de la transparencia y la ética en la gestión de la institución.

Ante esta situación, y en virtud del derecho a la corrección, la institución Recope emitió una respuesta donde se afirmó que ambos funcionarios, cuya conducta fue examinada de manera crítica, fueron suspendidos desde diciembre pasado. Esta información se presentó como un esfuerzo por mantener la integridad y la confianza pública en la empresa estatal.

«Es absolutamente inaceptable que el Sr. Arrieta Reyes y el Sr. Méndez Contreras, cuyos casos actualmente están siendo revisados en el ámbito judicial, continúen percibiendo las compensaciones correspondientes mientras se investiga su situación.»

A raíz de las medidas de precaución dictadas por la detención preventiva y la solicitud de renuncia de ambos funcionarios, se tomó una decisión el 19 de diciembre de 2024 para suspenderlos de sus funciones. Esta acción ha continuado en vigor hasta la fecha y se ha ejecutado de acuerdo con estrictas normas legales y procedimientos establecidos, reafirmando el compromiso de la administración por operar dentro de un marco de estado de derecho», afirmó la comunicación oficial emitida por la institución.​

Este caso ha destacado la importancia de la rendición de cuentas, especialmente dentro de entidades gubernamentales que manejan recursos públicos. La confianza de la ciudadanía es fundamental para el correcto funcionamiento de estas instituciones, y cualquier irregularidad puede socavar esa confianza. Además, la forma en que se gestionan estas situaciones tiene un impacto directo en la percepción pública sobre la ética y la transparencia en el sector público en Costa Rica.

Por ello, la acción decidida de Recope en este episodio es un paso hacia adelante, aunque no sin sus críticas. Los opositores argumentan que, a pesar de las medidas adoptadas, sigue existiendo la necesidad de medidas más rigurosas y proactivas que prevengan este tipo de situaciones en el futuro. La sociedad costarricense, a menudo exigente y vigilante, espera que se mantengan los estándares más elevados en la gestión de las instituciones públicas para asegurar que los derechos y deberes de todos los involucrados sean adecuadamente respetados.