El Sistema Nacional de Reservas de la Naturaleza (SINAC) está enfrentando un problema creciente que pone en riesgo su capacidad para abordar todos los casos relacionados con el comercio ilegal y la tenencia indebida de biodiversidad. Esta limitación se ha vuelto un desafío significativo considerando la importancia de la protección de los recursos naturales en el país. A medida que aumenta la presión sobre la fauna y flora, el SINAC, que opera bajo el Ministerio de Medio Ambiente y Energía (Minae), debe adaptarse a un panorama complejo y en evolución.
El papel del SINAC se extiende más allá de la legislación; se basa en la participación activa de la Ciudadanía llamada, que se convierte en un aliado fundamental en la denuncia de estas prácticas perjudiciales y destructivas. El oficial Yeimy Cedeño explica esta relación como una simbiosis necesaria para afrontar los retos actuales en la conservación de la naturaleza. “La comunidad tiene voz,” comenta Cedeño, “mediante la cual podemos identificar situaciones que requieren atención inmediata”.
«Estamos preocupados. No podemos ingresar a las casas, son propiedades privadas y hay una restricción legal sobre nuestras acciones. Y, a veces, reconocemos dónde hay situaciones o aquellos que comercian, sin importar cuántas redes sociales se comenten. Estamos donde tomamos la ayuda de los ciudadanos,» agregó el funcionario.
Las denuncias pueden ser realizadas a través del sistema de procesamiento integrado y la atención de quejas ambientales administradas por el Ministerio de Medio Ambiente. La población puede llamar a la línea 1192 o ingresar en Plataforma web para casos de informes. Es esencial mencionar que todas las quejas que compiten con el Ministerio de Salud o los gobiernos locales también son registradas en este sistema, lo que amplifica su capacidad de respuesta.
Cedeño también explicó que, aunque hay una restricción en cuanto a los recursos operativos disponibles para el SINAC, esto no significa que estén limitados en su determinación. De hecho, se están realizando esfuerzos conjuntos para abordar estos problemas, con el objetivo de mejorar el escenario de conservación en línea con la reputación verde que Costa Rica ha cultivado a nivel internacional.
El país ha registrado más de 60,000 confesores de flora y fauna entre 2014 y 2025, alcanzando un pico alto en 2021 según datos del sistema de atención de quejas ambientales. Sin embargo, es importante destacar que estos números no reflejan necesariamente una tendencia clara, sino más bien el flujo efectivo de información que ingresa al sistema.
Las especies más afectadas por estas prácticas ilegales incluyen animales emblemáticos como tepezquintles, perezosos, monos congos, ciervos, loros y hasta reptiles.
Un factor importante que contribuye a este problema es la falta de conocimiento sobre por qué un animal salvaje no debe ser considerado como una mascota. La legislación vigente establece que los animales salvajes pertenecen al dominio público, lo que implica que son patrimonio de todos los ciudadanos. La tenencia de uno de estos animales no solo es ilegal, sino que también representa un riesgo tanto para la salud de los animales como para la biodiversidad nacional.
«Los animales a menudo están confinados en espacios reducidos, reciben dietas inadecuadas y desarrollan enfermedades. A medida que crecen, pueden volverse agresivos y difíciles de manejar, lo que conlleva a que las personas opten por deshacerse de ellos, saturando así los centros de rescate,» explica el funcionario del SINAC.
Aún más preocupante es el hecho de que, una vez que un animal llega a un comprador, generalmente pasa por un procedimiento de registro extremadamente cruel, donde muchos ejemplares mueren en el proceso debido al maltrato y las condiciones en las que se encuentran.
Ante esta situación, se hace un llamado urgente desde el SINAC: denunciar, informarte y no ser parte del problema. La posesión de animales salvajes en cautiverio es, además de un acto ilegal, un ataque directo a los ecosistemas y a la riqueza ambiental que tenemos como nación.