Un juez ha decidido otorgar a un hombre que fue condenado por el asesinato de un vecino en el condominio situado en Guachipelín de Escazú la posibilidad de cumplir su condena sin el uso de un tobillo electrónico. Esta medida fue adoptada por el Tribunal Penal tras recibir información sobre la reciente intervención quirúrgica a la que el acusado se sometió.

El Ministerio Público confirmó esta decisión a través de una declaración a Telenoticias:

«Durante el desarrollo de la solicitud, el fiscal de Pavas subrayó que el individuo acusado y que se encontraba en prisión definitivamente había cumplido con ciertos aspectos establecidos. No obstante, después de que la defensa técnica del acusado presentó sus argumentos, la situación del castigo fue revisada, cambiando de un régimen de arresto domiciliario a otro tipo de vigilancia menos estricta.»

«A pesar de la oposición del Ministerio Público, el Tribunal Penal aceptó la petición de la defensa y decidió autorizar el arresto domiciliario, permitiendo que se realice sin la necesidad de un dispositivo de vigilancia electrónica u otras medidas de seguridad añadidas, con una vigencia que se extenderá hasta septiembre de 2025».

El individuo en cuestión, identificado como Ramírez Zamora, fue condenado a una pena de 20 años de prisión por el asesinato de Otoniel Orozco, un crimen ocurrido el 3 de junio de 2024 y que se desencadenó a partir de una acalorada discusión entre ambos en su vecindario.

Según los informes y las grabaciones de seguridad que fueron analizadas, se ha confirmado que el acusado asestó 14 puñaladas a la víctima. Las autoridades indicaron que los conflictos entre ambos hombres venían desde 2020, momento en el cual comenzaron a surgir tensiones relacionadas con la construcción de varias habitaciones en la casa de Orozco, lo que llevó a una disputa sobre un tema de ajuste de agua entre ambas propiedades. Este conflicto acumulativo fue el telón de fondo que finalmente detonó en la trágica y violenta confrontación que resultó en la muerte de Orozco.

Este caso ha suscitado un gran interés público, dado el impacto que tiene en la comunidad y las repercusiones legales que conllevan decisiones como la del juez, permitiendo al condenado un régimen de mayor libertad a pesar de la gravedad de su crimen. Esta tarjeta de arresto domiciliario es un punto de discusión entre diferentes sectores de la sociedad, algunos a favor de la rehabilitación y otros preocupados por la seguridad de la comunidad. La conclusión del tribunal también ha dejado en claro que la relación entre los conflictos vecinales y la justicia penal es un tema que merece ser examinado de manera más profunda.