La Compañía Aerocaribe ha tomado la decisión de presentar una denuncia penal por el asesinato culpable contra varios funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Estos funcionarios estaban a cargo del control de vuelo de Ti-Ger, la aeronave que se estrelló trágicamente el 25 de noviembre de 2024 en las Bountains de Escazú. Esta acción legal refleja la grave preocupación de Aerocaribe por la seguridad de las operaciones aéreas y el nivel de responsabilidad que deben asumir aquellos que trabajan en el control del tráfico aéreo.

De acuerdo con la información proporcionada por Aerocaribe, la queja presentada se realizó en colaboración con las familias de las víctimas que perdieron la vida en el accidente. Entre ellos se encuentran el piloto Mario Miranda Ramírez, así como Ruth García Chavarría y Enrique Arturo Castillo Incera. La compañía considera que no se han tomado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los vuelos y que esto resulta en una responsabilidad evidente para los funcionarios implicados.

«La denuncia presentada ante el ministerio público tiene el objetivo de establecer responsabilidades penales y civiles contra aquellos que fueron responsables de la administración del Centro de Control de Radar, que está bajo la supervisión de la aviación civil. Se busca que se tomen las medidas necesarias ya que se han omitido procedimientos esenciales que llevaron al desastre aéreo y, lamentablemente, a la muerte de varias personas», declaró la pluma penal, que se encuentra legalmente administrada y es la representación legal de las víctimas involucradas.

El trágico accidente tuvo lugar en Cerro Pico Blanco, donde cinco vidas se vieron comprometidas. Afortunadamente, hubo un único sobreviviente, Paola Amador, quien en ese momento estaba trabajando en el sector turístico. Su historia es un recordatorio del impacto del accidente en las vidas de quienes estaban directamente relacionados con la aeronave y sus pasajeros.

En la queja presentada, se enfatiza que hubo una falta de atención a las instrucciones que deben seguir los pilotos de la aeronave, especialmente en lo que respecta al uso de instrumentos de IFR (reglas de vuelo de instrumentos). En esta ocasión, el recorrido hacia el área montañosa requería una altura mínima de 10,000 pies, una estipulación que estaba claramente indicada en la ventanilla oficial del sistema de radar que mostraba tanto los obstáculos mínimos como las alturas necesarias. Esto pone de relieve una posible incompetencia en la gestión del control aéreo, contribuyendo a la tragedia que ocurrió ese día.

.com se ha puesto en contacto con la Dirección General de Aviación Civil para obtener una opinión sobre la queja y respondieron que «no podemos emitir ningún criterio en este momento, ya que el tema se está evaluando». Esto indica que la situación sigue siendo objeto de investigación y que se espera una respuesta formal más adelante.

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