El tribunal de flagrancia de Alajuela dictó una condena de Ocho años de prisión a un oficial de la policía penitenciaria, Gerardo Rodríguez, quien fue encontrado culpable de intentar distribuir drogas dentro del Centro de Atención Institucional (CAI). Este fallo resalta la gravedad de los delitos relacionados con las sustancias ilícitas y el esfuerzo del sistema judicial por mantener el orden dentro de las instalaciones penitenciarias.
El caso está vinculado a otro individuo, Perlaza, cuyo apellido ha sido notablemente mencionado en este contexto al haberse hecho responsable de un cargo de Propiedad de sustancias ilegales para fines de suministro. Según la información proporcionada por el ministerio público en un comunicado emitido el miércoles, la situación de los involucrados ha sido objeto de análisis y revisión por parte de las autoridades competentes.
En lo que respecta a este caso, se debe mencionar que por segunda vez en el año 2024, el juicio contra el acusado había sido absuelto. Sin embargo, esta absolución fue objeto de controversia y el fiscal decidió apelar esta resolución. Como consecuencia, el Tribunal de Apelaciones, tras una evaluación penal realizada en San Ramón, dictó la orden de reenvío del caso, abriendo así la posibilidad de nuevos desarrollos legales en este proceso judicial.
El arresto de Perlaza tuvo lugar el 22 de septiembre en el Centro Criminal, donde fue sorprendido intentando presentar 7.11 gramos de marihuana con la intención de distribuirla dentro del recinto penitenciario. Este tipo de actividades no solo comprometen la seguridad de las instalaciones, sino que también revelan el desafío constante que enfrentan las autoridades para controlar el tráfico de drogas en los centros de detención.
La sentencia emitida el 26 de abril por parte del tribunal exige que el individuo cumpla con Seis meses de prisión preventiva antes de que se lleve a cabo la ejecución completa de la condena. Estas medidas son indicativas de la determinación del sistema judicial para lidiar con la delincuencia asociada al tráfico de drogas y la importancia de implementar sanciones adecuadas para disuadir a potenciales infractores.