Antes de alcanzar la finalización de las reuniones ordinarias y el cierre del tercer año legislativo, los diputados de la Legislatura se dedicaron a avanzar en los proyectos de ley que habían estado en espera, tanto en el segundo debate como en la primera discusión. Este esfuerzo refleja su compromiso por legislar en beneficio de la sociedad y abordar problemas pertinentes a la seguridad pública y la justicia.

El pasado martes, se registró como inciso 24,495, una propuesta la cual fue presentada por la diputada Monserrat Ruiz. Este importante proyecto de ley busca modificar las regulaciones existentes para que el Instituto de Investigación Judicial (OIJ) y la Oficina del Fiscal puedan llevar a cabo operaciones de ataques más de forma efectiva y sin restricciones horarias que limitan la capacidad operativa de estas instituciones.

De acuerdo a la iniciativa aprobada, el programa ahora se podrá ejecutar desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m., y esto se llevará a cabo de lunes a viernes. Sin embargo, para cualquier operación que necesite extenderse más allá de este horario, las autoridades requerirán proporcionar justificaciones al juez, quien en todos los casos deberá otorgar su respaldo para que la acción policial se realice de manera adecuada.

Con la aprobación reciente de este proyecto, los órganos encargados de la seguridad pública podrán realizar operaciones durante todo el día, lo que incluye fines de semana y días festivos. Esto es un avance significativo en la lucha contra el crimen, dado que establece un marco más flexible y dinámico para la respondencia ante situaciones delictivas que requieren acción inmediata.

Durante el segundo debate, el proyecto recibió un respaldo abrumador, contando con el apoyo de 34 suplentes que estaban presentes en la reunión parlamentaria. Sin embargo, se produjo una oposición notable por parte de 7 miembros de la autoridad legislativa del partido gobernante, lo que muestra las diferencias de opinión existentes en la estructura política a la hora de abordar temas sensibles como la seguridad pública.

El subdirector del proyecto expresó su satisfacción con la aprobación final y comentó: «Si un crimen organizado no descansa, no debería haber límites en el ataque contra los ataques. Continuamos estableciendo leyes firmemente para garantizar la seguridad y proteger la vida de todos». Esta declaración resalta la urgencia que se tiene en el país para enfrentar el crecimiento de la criminalidad y las organizaciones delictivas que operan en distintas regiones.

Ahora, con la aprobación legislativa, solo falta que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, firme para que la normativa entre en vigor y se comiencen a implementar las nuevas disposiciones.

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Reforma

El proyecto de ley se basa en la necesidad de mejorar el Artículo 193 del Código penal. Con la aprobación de esta normativa, el procedimiento sería el siguiente:

«193.

El nuevo marco legislativo prescribe que la orden del juez para establecer un procedimiento de búsqueda será más expedito, conforme a lo que se ha reconocido en el texto de la ley. En este sentido, al momento de solicitar la orden de búsqueda, el juez estará sujeto a las siguientes fechas límites para emitir su resolución:

– En casos que se procesen de manera rutinaria, el periodo máximo establecido para la resolución será de tres días calendario.

– Sin embargo, en aquellos procesos que estén enmarcados dentro de declaraciones especiales referentes al crimen organizado o que sean de naturaleza compleja, el periodo de resolución máximo será de hasta cinco días calendario.