Los grupos de delitos organizados que se dedican al aprovechamiento del material minero en esta área específica operan utilizando costras cruzadas para procesar el mineral en otras ubicaciones.
Los grupos de delitos organizados que se dedican al aprovechamiento del material minero en esta área específica operan utilizando costras cruzadas para procesar el mineral en otras ubicaciones. Esta modalidad de crimen ha generado preocupación entre las autoridades y está ganando terreno rápidamente en la región.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública han señalado que esta práctica se está convirtiendo en algo cada vez más habitual. En una reciente explicación dirigida a los diputados de Alajuela, se destacó la creciente problemática que representa esta nueva forma de delito organizado.
«Estamos observando un evidente cambio en la dinámica de transferencia de materiales hacia lugares que cuentan con la infraestructura necesaria para procesar el oro. Estas acciones están relacionadas con estructuras bien organizadas que evitan la detección del crimen. Además, si estas actividades son realizadas en costras cruzadas, existe una violación del código minero y, por lo tanto, la flagrancia se convierte en un obstáculo que se evite, lo que en última instancia les permite operar sin temor a consecuencias legales», afirmó uno de los representantes del ministerio.
«Reconocemos que esta es la modalidad que estamos enfrentando en este momento, y por ello es crucial mantener un contingente operativo significativo en la región para contrarrestar estas acciones», dijo Marlon Cubillo, Director de la Fuerza Pública.
Cubillo, junto al ministro Mario Zamora y el vice Ministro Erick Lacayo, defendieron dos archivos legislativos ante los parlamentarios: el 24,717 que busca Regular la explotación y la exploración de oro en crucisías y el 24,675 que defiende la recuperación sostenible del área, además de la creación de un Barra de desarrollo en la zona norte.
Las autoridades han hecho hincapié en que las actividades de los Coligalleros y el crimen organizado han superado ya la capacidad operativa actual. De hecho, el área dedicada a la extracción ilegal ha crecido de manera alarmante, pasando de 910 a 3.000 hectáreas. En contraste, la cuota de seguridad en el lugar se limita a entre 40 y 50 oficiales, con gastos operativos mensuales que ascienden a 40 millones ₡.
«Iniciamos nuestras labores de extracción en el núcleo central y luego nos hemos expandido a otras áreas. Existe una mafia organizada que controla la región», comentó el ministro Zamora en relación a la situación actual.
Desde el puesto de autoridad ejecutiva, se sostiene que las empresas que se aprovechan de la extracción de oro en el marco de estas estructuras delictivas, podrían contribuir a que el país obtenga ingresos económicos significativos, siempre que se establezca una regulación adecuada para la exploración y explotación en la región.
Sin embargo, también se ha evidenciado que la oposición a esta actividad se sustenta en ejemplos de diversos países, donde la explotación regulada no solo ha resultado en la erradicación de prácticas ilegales, sino que ha llevado a un incremento considerable en el movimiento de materiales.
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