El reciente anuncio o la posible amenaza de veto por parte del presidente Rodrigo Chaves ha llevado a la Asamblea Legislativa a aprobar la mayoría de los suplentes
El reciente anuncio o la posible amenaza de veto por parte del presidente Rodrigo Chaves ha llevado a la Asamblea Legislativa a aprobar la mayoría de los suplentes el pasado martes, en una sesión adicional que finalmente culminó con un resultado de 22.817. Esta acción ha generado un ambiente de intenso debate y reflexión sobre la importancia de fortalecer el sistema judicial y el trabajo de quienes lo integran.
Este proyecto de ley tiene como foco principal la protección y reconocimiento del valioso trabajo realizado por los funcionarios del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), cuyo Defensor del Pueblo busca consolidar un sistema de jubilación más justo y adecuado, especialmente para aquellos que han servido durante largos años en la institución. La iniciativa se presenta en un contexto donde el retiro anticipado a los 55 años es un tema que requiere análisis sobre las mejores condiciones laborales y de jubilación.
Un total de 40 suplentes votaron a favor del proyecto, recibiendo únicamente el voto en contra del partido gobernante, lo que subraya las divisiones existentes en torno a la evaluación de la reforma. Este esquema de pensiones anticipadas fue introducido en 2021 por el ex CEO y vicepresidente Drago Donolescu, siendo presentado este período por la diputada Verdiblanca Alejandra Larios.
Larios expresó su satisfacción por la segunda aprobación de esta iniciativa, indicando que había logrado los votos necesarios para avanzar en el proceso. «Estoy muy contenta con la segunda aprobación de la discusión de este proyecto de ley, y quiero reconocer el esfuerzo y dedicación de todas las autoridades policiales en nuestro país», comentó la diputada. Además, defendió enérgicamente el trabajo del Ministro de Justicia, haciendo hincapié en las largas jornadas laborales que enfrentan los funcionarios del OIJ.
Para que los funcionarios del OIJ puedan acceder a una pensión anticipada, deben cumplir con una serie de requisitos, destacando que deben haber trabajado al menos 30 años dentro de la organización. Las pensiones se calculan en base al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, ajustado de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) vigente. Este modelo busca garantizar una seguridad económica a quienes han dedicado su vida al servicio público, bajo condiciones a menudo difíciles y demandantes.
Un comentario adicional se refiere al hecho de que los agentes han iniciado el primer debate sobre el proyecto, que permite a los agentes del OIJ acceder a una pensión anticipada a los 55 años.
Chaves amenazó con ejercer veto contra el proyecto. (Cortesía/Oficina Presidencial).
Dentro de este proyecto, se encuentra el artículo 226, que detalla el proceso a seguir para la jubilación anticipada en caso de no cumplir con el número requerido de años de servicio. Este artículo señala lo siguiente:
«Si la jubilación se solicita cuando el servidor cumple con la edad estipulada o más años, pero no ha alcanzado los treinta años de servicio en las posiciones requeridas, la jubilación no se negociará en proporción a los años trabajados, siempre que se haya servido el tiempo mínimo requerido», argumenta el texto legal.
El método para ajustar el monto a pagar en este contexto implica que la cantidad específica del promedio mencionado anteriormente será multiplicada por los años de servicio, y el resultado de esta operación se dividirá por treinta, determinando así el monto de la jubilación que corresponderá al agente.
«Representa un error grave que podría tener repercusiones serias, y debemos preguntarnos qué mensaje enviamos a quienes arriesgan sus vidas en su labor diaria como la policía o los bomberos», comentó Pilar Cisneros durante las deliberaciones, expresando su preocupación por aquellos que podrían verse afectados por una legislación que represente una jubilación de lujo.
Con los votos obtenidos el martes pasado para proceder a la aprobación en el segundo debate, se prevé que si el presidente Rodrigo Chaves decide vetar el proyecto en los próximos diez días, los legisladores contarán con los suficientes respaldos para restaurarlo y continuar en la búsqueda de una solución justa para los agentes del OIJ.
