En un giro inesperado que tomó a muchos por sorpresa, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió intervenir de manera urgente para frenar las deportaciones de ciudadanos
En un giro inesperado que tomó a muchos por sorpresa, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió intervenir de manera urgente para frenar las deportaciones de ciudadanos venezolanos, una medida que la administración del entonces presidente Donald Trump había planeado ejecutar bajo la controvertida ley de enemigos extranjeros de 1798. La corte emitió su fallo en un horario poco común, por la noche, lo que ha suscitado tanto apoyo como críticas entre los defensores de inmigración y los seguidores de la política del gobierno anterior.
La orden judicial se basó en un sólido apoyo de 7 a 2 entre los magistrados, quienes indicaron que el gobierno no podría expeler a ningún miembro del grupo de venezolanos detenidos en el país hasta que se emitiera una nueva orden por parte del mismo tribunal. Esta determinación fue una respuesta directa a una apelación de emergencia presentada por abogados que representaban a estos inmigrantes, quienes se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad.
En el corazón de esta noticia se encuentran varios actores importantes: la Corte Suprema de los Estados Unidos, responsable de la decisión de frenar las deportaciones, y la administración del ex presidente Donald Trump, que había sido la encargada de dar inicio a estas deportaciones bajo la ley citada. Por otro lado, los abogados de varios inmigrantes venezolanos desempeñaron un papel crucial al presentar la apelación de emergencia, con el objetivo de proteger a sus clientes de ser deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
También es relevante la participación de un grupo de defensa de las libertades civiles, que se oponía a las deportaciones proyectadas de los venezolanos en el norte de Texas. Entre los defensores se encuentra Lee Gellnt, un abogado de la ACLU (Unión Americana por los Derechos Civiles), quien presentó novedosas pruebas sobre las notificaciones de deportación que fueron recibidas por los migrantes, lo que contribuyó al caso.
La decisión de la Corte Suprema se tomó tras una larga y intensa jornada de trabajo, aunque el momento exacto no está especificado, se presume que fue poco después de lo que se describe como una «mañana precipitada», en la que los abogados de los inmigrantes venezolanos presentaron su apelación. Se conoció que el abogado de la ACLU aportó estas pruebas durante el viernes, lo que llevó a la corte a formalizar su orden el sábado, prohibiendo al Gobierno realizar deportaciones en esta situación.
Los acontecimientos se desarrollaron de manera rápida en el sistema judicial estadounidense. La apelación de emergencia fue presentada ante la Corte Suprema, situada en Washington DC, en respuesta a las deportaciones planeadas hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Esto implica que los inmigrantes venezolanos detenidos habían sido arrestados en centros de detención dentro de los Estados Unidos, incluido uno ubicado en el norte de Texas, desde donde se originó una de las demandas.
La intervención de la Corte Suprema está relacionada con crecientes preocupaciones de que la administración Trump estaba avanzando con deportaciones sin proporcionar a los inmigrantes venezolanos el debido proceso que la ley exige para impugnar tales decisiones bajo la ley de enemigos extranjeros. Los abogados argumentaron que sus clientes recibieron notificaciones sobre sus deportaciones de forma prematura y sin un recurso claro para poder cuestionarlas. La decisión de la Corte Suprema parece haber reflejado una receptividad hacia estos argumentos, evidenciada en su orden de elaborar un nuevo mandato que frene las deportaciones.
Además, esta decisión se produce en un momento en que otro tribunal de apelaciones federal también había bloqueado la eliminación del estado de protección temporal (TPS) para otros migrantes venezolanos, lo que sugiere una creciente resistencia legal en contra de las políticas de inmigración del gobierno en relación con la comunidad venezolana. Este contexto resalta un posible cambio en la manera en que el sistema legal aborda las preocupaciones de los inmigrantes en Estados Unidos, en un clima donde cada vez más voces se levantan en defensa de los derechos de aquellos que buscan asilo y protección en el país.
