MADRID 18. (Europa Press) – En un reciente desarrollo, el Departamento de Educación de Estados Unidos ha solicitado formalmente a la prestigiosa Universidad de Harvard que proporcione una lista detallada de todas las donaciones recibidas de fuentes extranjeras. Este requerimiento surge en el contexto de una nueva reunión entre las autoridades estadounidenses y la icónica institución educativa, que ha sido acusada de fomentar un entorno que perpetúa la sensación de antisemitismo.

La Secretaria de Educación, Linda McMahon, declaró en una reciente publicación en el sitio web del departamento que, «Como receptor de fondos federales, la Universidad de Harvard tiene la obligación de actuar con total transparencia respecto a los orígenes de los fondos provenientes de gobiernos y entidades extranjeras. Lamentablemente, nuestra revisión de sus informes reveló que Harvard no ha sido completamente abierta ni exhaustiva en sus declaraciones, lo cual no solo es inaceptable, sino también ilegal».

El requerimiento por parte del gobierno estadounidense incluye la necesidad de que Harvard entregue un inventario que no solo contemple todos los obsequios, contratos y subvenciones provenientes de fuentes extranjeras, sino también documentos sobre «estudiantes extranjeros que han sido expulsados o cuyos estatus han sido cancelados desde el 1 de enero de 2016». Se busca además un registro de todos los investigadores, académicos, estudiantes y visitantes temporales de Harvard que estén vinculados de alguna manera con organizaciones o gobiernos extranjeros.

La universidad tiene un plazo hasta finales de este mes para presentar una serie de «registros detallados» asociados con alegaciones sobre actividades ilegales y violentas que hayan estado vinculado a visas de estudiantes extranjeros, en un contexto en el que se están revisando los programas de intercambio estudiantil.

En respuesta a las solicitudes del gobierno, se ha anunciado que se han cancelado dos subvenciones por un total de más de 2.7 millones de dólares (equivalente a aproximadamente 2.3 millones de euros) que habían sido destinadas a la Universidad de Harvard, alegando que la institución ha «socavado el valor» del país. Ante estas acusaciones, Alan Garber, presidente de la universidad, ha refutado categóricamente la idea de que Harvard esté comprometida con una falta de diversidad o en desacuerdo con la misión educativa del país.

Garber ha argumentado vehementemente que «ningún gobierno, sin importar su naturaleza, debería tener la potestad de dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, quiénes pueden ser contratados y qué áreas de estudio se pueden investigar». La declaración continúa dejando claro que, «la universidad no cederá su independencia ni sus derechos constitucionales. Ni Harvard ni otra universidad privada debería permitir ninguna forma de intervención por parte del gobierno federal». Este intercambio deja entrever tensiones significativas entre las autoridades educativas y las instituciones académicas respecto a la independencia y el respeto de los principios de libre educación.