En la ciudad de Washington, el 18 de abril, el presidente de Europa de los Estados Unidos, Donald Trump, llevó a cabo una firma importante el jueves que extiende la congelación del empleo para los empleados federales. Esta medida se prolongará hasta el 15 de julio, y tiene como objetivo reducir de manera significativa el tamaño de la fuerza laboral dentro de la administración pública estadounidense.

El comunicado emitido desde la Casa Blanca deja claro que la congelación del empleo afecta a todos los funcionarios públicos bajo el poder ejecutivo. El texto menciona: “Se extenderá esta congelación hasta el 15 de julio de 2025, impidiendo la cobertura o creación de nuevas posiciones federales, a menos que se indique lo contrario en este memorando, o que se necesite legislación válida para su establecimiento”.

Esta directiva no solo abarca departamentos gubernamentales, sino también diversas agencias, sin embargo, establece una excepción para el «personal militar», así como para las fuerzas armadas que están involucradas en la aplicación de leyes de inmigración, seguridad nacional o seguridad pública y sus respectivos componentes.

Adicionalmente, el memorándum otorga la facultad al director de la oficina del personal para que “continúe otorgando exenciones a esta congelación” siempre y cuando se justifique la necesidad de tales acciones. Sin embargo, el documento no proporciona más detalles sobre los criterios que se tendrán en cuenta para aprobar estas excepciones.

El anuncio de esta congelación de nuevas contrataciones por parte del presidente se produjo casi inmediatamente después de una inversión significativa relacionada con las medidas de austeridad impuestas por su administración. Este enfoque radical, presentado en asociación con el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) y vinculado a la participación de Elon Musk, contempla recortes de trabajo que perseveran en un objetivo de optimización del servicio público. En este contexto, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha apoyado la decisión de despedir hasta 16,000 funcionarios en el marco de esta reestructuración durante el proceso judicial.

Los críticos de esta decisión advierten que la congelación de empleo podría tener repercusiones negativas sobre los servicios que brinda el gobierno, ya que muchos departamentos dependen de una fuerza laboral robusta para atender las necesidades de la ciudadanía. La intensidad de estos recortes plantea cuestionamientos sobre las capacidades del gobierno para operar eficientemente en el futuro cercano.