En la ciudad de San José y Panamá, las autoridades están llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre un elaborado esquema financiero que involucra presuntos impuestos y gravámenes superiores a 100 millones de dólares. Este esquema financiero aparentemente operaba a través del Banco Racial de Costa, que cuenta con sucursales en el Centro Bancario de Panamá.

De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación que ha sido destacada por la estrella en Panamá, la indagatoria se originó en Costa Rica luego de descubrir una posible carga fiscal que supera los 10 millones de dólares. Este hecho llevó a un minucioso examen del sistema financiero por parte de las autoridades competentes.

Las primeras investigaciones fueron realizadas por el Ministerio de Finanzas de Costa Rica, que puso énfasis en la red internacional de empresas que están registradas tanto en Costa Rica como en Panamá. Este enfoque ha ayudado a poner luz sobre las conexiones y operaciones que podrían estar involucradas en estas actividades sospechosas.

A lo largo del proceso de investigación, se ha descubierto que estas sociedades estaban vinculadas entre sí como parte de un mismo grupo económico, o lo que también se puede definir como una «tenencia». Dicho grupo es considerado como el propietario mayoritario del banco implicado en estas controvertidas transferencias financieras.

Las transacciones que están bajo investigación se habrían llevado a cabo entre el año 2023 y el presente, lo que refuerza la urgencia del caso.

La denuncia inicial que dio pie a la pesquisa se interpuso contra un empresario costarricense, quien ha sido identificado como el principal propietario de las compañías en cuestión, incluyendo el banco que condujo dichas operaciones financieras. Esta denuncia ha permitido avanzar en la búsqueda de evidencias que respalden las acusaciones.

Además, se han enviado informes al Ministerio Público de Panamá, señalando que la carencia de documentación que justifique el origen de los fondos genera importantes dudas sobre la legalidad de las operaciones realizadas. Se ha planteado la sospecha de que un patrón repetitivo en las transacciones podría sugerir un esquema de fraude fiscal a nivel internacional.

Las autoridades de ambos países continúan trabajando en conjunto para determinar la amplitud total de los esquemas financieros involucrados, así como para establecer posibles responsabilidades tanto penales como administrativas. Este caso se ha convertido en un foco de atención, evidenciando la necesidad de una supervisión más rigurosa y un análisis más profundo del sistema financiero regional.