En el contexto de los 21 condados que conforman la Corte Suprema, hay un dato notable: solo un sheriff se ha mantenido libre de cualquier causa de investigación en su contra que esté bajo la supervisión de la oficina del fiscal. Este hecho es significativo considerando la cantidad de casos que afectan a sus colegas.

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio público tras una solicitud realizada por El observador. En, se revelan un total de 307 carpetas de investigación. De estas, la mayoría busca una resolución rápida, ya que tienen solicitudes de terminación. Sin embargo, un número considerable de 75 casos aún se encuentran en desarrollo, lo que indica que hay una actividad en curso que podría afectar la conducta de varios magistrados.

Patcia Vargas, quien forma parte de la Sala III, es reconocida como la única figura dentro de esta lista que no enfrenta ningún tipo de investigación. En contraposición, sus 20 colegas están expuestos a entre una y diez causas cada uno, lo que refleja que la problemática afecta al liderazgo judicial de manera significativa.

Los datos indican que la mayoría de los procesos que enfrentan los comisionados del condado están relacionados con la Corte Suprema. En particular, los miembros de la Cámara II son los que también enfrentan investigaciones que tienden a centrarse en aspectos del derecho familiar y laboral.

¿Por qué están investigando los comisionados del condado?

El desglose de causas contra los comisionados del condado se clasifica en ocho áreas delictivas, que principalmente giran en torno a la implementación de las leyes y la adecuada administración de justicia. Los resultados de las evaluaciones han destacado la prolongación de ciertos procesos como una de las imágenes más recurrentes, con 46 causas en este ámbito.

De acuerdo con el artículo correspondiente a la Pena, las sanciones por estas acciones ilegítimas oscilan entre 2 y 6 años de prisión para aquellos funcionarios que emiten resoluciones en violación de la ley o que combinan hechos incorrectos. Adicionalmente, en el caso de que estas violaciones se den en el contexto de procesos penales, las sanciones pueden incrementarse de 3 a 15 años de cárcel.

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Otro aspecto crítico abordado en los casos es la violación de los deberes correspondientes. En este sentido, se han abierto 19 archivos de investigación cuando los magistrados omiten sus obligaciones de forma ilegal, ya sea negándose a actuar o retrasando sus decisiones. Las sanciones para estas faltas pueden variar de uno a cuatro años, y se contempla la misma penalización si el funcionario realiza acciones que debían haberse llevado a cabo originalmente.

El resto de la lista de investigación

Existen otras líneas de investigación que están siendo seguidas por los magistrados, que incluyen:

• Falsedad ideológica (Artículo 367 Código Penal) | Este delito se configura cuando se insertan datos falsos en documentos oficiales, lo cual puede causar diversas lesiones. Las penas varían de 1 a 6 años, aunque si el delito es cometido por un funcionario público en el ejercicio de su función, la pena puede incrementarse a entre 2 y 8 años.
• Malversación (Artículo 361 Código Penal) | Las demandas se presentan por entre 3 y 12 para aquellos funcionarios que ponen en riesgo recursos que deben estar bajo su custodia. Además, se castiga con encarcelamiento de 3 meses a 2 años a quienes utilicen recursos públicos para su beneficio personal o de terceros.
• Interferencia (Artículo 52 Ley contra la corrupción) | Este delito ocurre cuando un individuo influye en un funcionario público para retrasar o afectar decisiones en asuntos de su cargo a cambio de beneficios. Las penas van de 2 a 5 años, pero pueden aumentar considerablemente si los responsables son miembros de la corte suprema.
• Abuso de autoridad (Artículo 338) | Este delito se castiga con una pena de 3 meses a 2 años para aquellos funcionarios que utilizan su posición para actuar en contra de los derechos de otros de manera arbitraria.
• Fraude en la ley en acción administrativa (Artículo 58 de la Ley contra la corrupción) | Funcionarios que no cumplen con las finalidades públicas de sus funciones pueden enfrentar penas de prisión que oscilan entre 1 y 5 años.

¿Cómo sería sentenciado el juez principal?

Los comisionados del condado, al ser parte de la Autoridad Suprema, se encuentran en un nivel alto de figuras públicas en comparación con ministros y otros funcionarios presidenciales en la República. Por lo tanto, están sujetos a procedimientos especiales que no son parte de los procesos judiciales habituales.

La investigación posterior debe ser liderada por el Ministro de Justicia de servicio, y este proceso dependerá de si la causa es solicitada o si se formula una acusación en contra de los magistrados en el tribunal. En caso de encontrar sustento para el juicio, se tiene que solicitar la revocación de la inmunidad en la asamblea legislativa.

Esto significa que el magistrado enfrentará la investigación y presentación de pruebas necesarias. El juicio correspondiente se llevará a cabo en la máxima instancia posible en los comisionados de la Cámara III del condado, representando así el juicio penal más alto del país.