El caso que involucra al presidente Rodrigo Chaves ha dado un giro importante tras su presentación ante la Corte Suprema de Justicia. Esta situación ha desencadenado que se inicie una investigación centrada en el acuerdo de comunicación, el cual fue apoyado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que ahora se encuentra en un amplio proceso judicial en los tribunales conocidos como Corrillos.

La primera fase de esta investigación ha concluido, habiéndose realizado un análisis detallado por parte del Secretario de Justicia. Los pasos dados hasta ahora han sido significativos y se espera que la situación avance de manera satisfactoria para todas las partes involucradas.

«La situación legal se ha trasladado esta tarde a la Cámara de Casación Penal, donde se procesará este asunto», confirmó un portavoz del poder judicial, subrayando así la gravedad del proceso en cuestión.

A la vez, se han abierto investigaciones sobre varios miembros de las elecciones senior; notablemente, el actual Ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, también se encuentra bajo escrutinio, y se ha decidido aplicar un procedimiento especial para este caso. Esto significa que la investigación es dirigida directamente por aquellos que tienen el cargo de Ministro de Justicia, lo que implica que no se seguirá el procedimiento habitual en jurisdicciones tradicionales, sino que se llevará a cabo ante la Corte Suprema.

Qué seguiría

El núcleo del caso contra el presidente Chaves gira en torno a la cuestión de su privacidad y lo que podría suceder con ella en las etapas posteriores del proceso legal. Es relevante mencionar que un paso convencional sería llevar la jurisdicción del asunto a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, también existe la posibilidad de renunciar a este acuerdo, de acuerdo con la defensa de Chaves, lo que se convierte en una opción que no se puede ignorar.

Si este elemento se desata, el caso sería presentado en un juicio formal, el cual debe decidirse en tribunales conformados por magistrados que atenderán las pruebas y la evidencia presentada.

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En este contexto, la Cámara III será responsable de designar a uno de sus miembros para llevar a cabo las acciones de investigación necesarias. Estas actuaciones no pueden ser pospuestas ni retrasadas por el proceso judicial en curso. Después, se le otorgará al público un plazo de 3 días para nombrar a un abogado y presentarse adecuadamente.

«Posteriormente, se proporcionará a una parte la oportunidad de tener una audiencia para la evaluación de pruebas antes del juicio. El juez designado se encargará de la recolección de evidencias y establecerá la fecha y hora para que se lleve a cabo el juicio, el cual será de carácter verbal y público. Además, si es pertinente, se aplicarán los procedimientos establecidos en las Regulaciones criminales.

Durante el debate y con respecto a las instrucciones del Tribunal, se aplicarán las reglas comunes de procedimiento. Los resultados de este proceso judicial, una vez concluido, podrán ser objeto de apelación, la cual será resuelta por la Corte Suprema.

Lo que los fiscales acusan

El lunes, el Secretario de Justicia hizo pública la acusación en contra de Chaves y el ministro Rodríguez, señalando una supuesta conmoción cerebral en el trasfondo de los hechos.

Las sanciones penales que se plantean en esta ocasión van de 2 a 8 años de prisión para el funcionario público que, abusando de su cargo, fuerce o aliente a un tercero a otorgar beneficios patrimoniales, ya sea para sí mismo o para un tercero. La trama de este caso se encuentra registrada con el número 25-000019-0033-PE.

La oficina del fiscal ha mencionado que se identificó claramente al fabricante de la compañía RMC LA SA, quien debía proporcionar servicios de comunicación, marketing, asesoramiento estratégico, producción de mensajes y análisis del desarrollo presidencial.

«Según las denuncias presentadas por la fiscalía, el Sr. Christian Bulgarelli fue presionado y alentado para que otorgara beneficios económicos que no eran necesarios, derivados de la Central América para la integración económica, en lo que se conoce como Cross Saravanja, así como también beneficios derivados de campañas personalizadas y otros ingresos del presidente», afirmaron las autoridades.

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«De acuerdo a la acusación, el proceso de reclutamiento previo incluyó varias reuniones entre los funcionarios involucrados en el Palacio Presidencial. A pesar de todo, fue el propio Bulgarelli quien implementó los términos de su contrato», se expandieron los detalles.

Es significativo mencionar que en la acusación se expresa que Bulgarelli actúa como un «testigo de la corona», lo que implica que la acción penal en su contra está suspendida gracias a la cooperación que brindó al proceso judicial.