En Washington, el 9 de abril, un anuncio importante se hizo público por parte de las autoridades sobre la relación entre la ciudadanía y la inmigración, correspondiente a la revisión de las cuentas de redes sociales de los solicitantes de inmigración. Esta decisión se establece como un criterio que podría ser utilizado para negar beneficios relacionados con la inmigración, lo que afecta de manera contundente a aquellos inmigrantes que buscan obtener una residencia permanente o una visa de estudiante en Estados Unidos.

Tricia McLaughlin, quien es funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dejó en claro que «no hay lugar para los fanáticos del terrorismo en el resto del mundo, y no tenemos la responsabilidad de reconocer o permitirles que se queden aquí». Este tipo de afirmaciones resalta la postura agresiva del gobierno con respecto a la inmigración y la seguridad nacional.

Además, el Secretario del DHS, Kristi Noem, enfatizó que aquellos que «creen que pueden llegar a Estados Unidos y utilizar la Primera Enmienda como escudo para promover la violencia y el terrorismo antisemita» no son bienvenidos. Este mensaje sugiere un enfoque estricto por parte del gobierno en cuestiones de inmigración, especialmente en el contexto de la política internacional actual.

La declaración llegó poco después de que el DHS y otras agencias ejecutaran arrestos en relación con protestas que se llevaron a cabo en respuesta a la Guerra en Gaza y las acciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas). Se reportó que numerosas visas de estudiantes fueron revocadas recientemente, afectando a alrededor de 50 universidades en Estados Unidos, lo que ha provocado preocupación entre el sector educativo.

Marco Rubio, el Secretario de Estado, destacó que se había revocado la visa de al menos 300 individuos, que han sido denominados «Lutačić». «Si las personas realizan actividades que contradicen nuestros intereses nacionales y nuestra política exterior, podemos cancelar una visa», advirtió Rubio, haciendo referencia a las estrictas medidas que se están tomando.

Entre los arrestados se encuentran estudiantes y académicos de diversas universidades estadounidenses, en lo que se considera una campaña de agresión migratoria impulsada durante la administración de Donald Trump. Algunas de las personas que han enfrentado acciones federales incluyen a Mahmoud Khalil, un graduado de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de Columbia; Badar Khan Suri, un académico indio de Georgetown; y Rumeysa Ozturb, una estudiante turca de doctorado en la Universidad de Tufts.

La Universidad de Minnesota también comunicó el arresto de un estudiante de posgrado internacional, un caso calificado por su abogado como «una situación muy delicada». En este contexto, Rasha Alawieh, quien tenía una visa válida y era miembro de la facultad médica en Brown, fue deportada a Líbano, acusada por las agencias federales de haber asistido a un funeral de líder, lo que resalta el clima tenso y la respuesta severa hacia aquellos que son percibidos como amenazantes.