La reciente sesión legislativa, que contó con el respaldo de 42 suplentes, se centró en la aprobación de la iniciativa contenida en el documento de debate número 24,162. Este proyecto de ley, que ha sido ampliamente discutido, busca implementar medidas más severas en relación con el ingreso ilegal de teléfonos móviles, satélites y otros dispositivos electrónicos en los centros penitenciarios de Costa Rica. Esta acción legislativa es un paso importante para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera de los centros de pena.

El proyecto fue presentado por la autoridad ejecutiva y había sido previamente discutido desde octubre del año pasado. Durante su progreso, enfrentó cinco intentos de modificación por parte de un grupo de diputados que buscaban cambiar algunas de las disposiciones iniciales, pero todos estos intentos fueron rechazados. Finalmente, el proyecto fue sometido a votación en su forma original y aprobado en el fondo.

El objetivo principal de esta iniciativa es imponer penas de prisión que van de dos a cuatro años a aquellas personas que ingresen ilegalmente teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación a los centros de reclusión. La gravedad de esta actividad ha quedado ilustrada con el siguiente texto aprobado en el Parlamento:

«Se impondrá la multa de dos o cuatro años de prisión a aquellos que sin justificación legal faciliten, presenten, compren o introduzcan de cualquier manera teléfonos móviles, satélites u otros equipos de comunicación, así como sus componentes técnicos y tarjetas SIM en las instituciones carcelarias.»

En Costa Rica, ha habido un incremento en los casos de fraude, donde los delincuentes realizan llamadas desde los centros penitenciarios utilizando teléfonos que han sido introducidos ilegalmente. Estas prácticas no solo ponen en riesgo la seguridad pública, sino que también han causado estragos en la vida de muchas personas inocentes.

Hasta este momento, los infractores no enfrentaban penalizaciones severas por estas acciones, lo cual es una de las razones por las que se impulsó este proyecto de ley. Las nuevas penas establecidas, que pueden ser aumentadas en un tercio, se aplicarán especialmente si los infractores son funcionarios públicos, proveedores de servicios o personas que permiten la entrada de estos dispositivos sin la debida autorización.

Además, la ley también aborda la conducta de abogados que utilizan su profesión para facilitar el ingreso de teléfonos móviles o que actúan en representación de otros que tengan autorización especial pero carezcan de la licencia adecuada para ingresar a los centros. Esto busca cerrar brechas legales que anteriormente permitían el ingreso de dispositivos peligrosos.

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