San José, 8 de abril (DNP). “¡Sal, es la policía!” son las palabras que resuenan en el aire, seguidas del lamento de una familia que ha perdido a un joven padre. Esta mañana, el triste aviso de que su vida fue truncada en un caso de ajuste de cuentas se ha convertido en una noticia recurrente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el número de adolescentes entre 15 y 17 años que han sido asesinados ha experimentado un aumento alarmante del 142% en lo que va del año 2023. Si se enciende la televisión o se navega en redes sociales, esta es la cruda realidad que enfrenta la población costarricense cada día.

El constante flujo de información sobre la fragmentación social en aumenta la sensación de incertidumbre entre los ciudadanos. Las crisis en los sectores educativos y de seguridad social conllevan a la preocupación de que el enfoque del presupuesto nacional no esté en el bienestar de los estudiantes y sus familias, sino que priorice el pago de la deuda externa, dejando a muchos en la cuerda floja.

Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) en la Universidad Nacional (ONU), expresó en un programa de televisión que este retroceso social es alarmante, dejando una marca negativa en toda la población. Destacó que el compromiso del gobierno de reducir la deuda financiera actual está generando una nueva deuda social a mediano y largo plazo que podría ser devastadora. «Existen alternativas para mejorar la situación fiscal, tales como una recolección fiscal adecuada y el combate a la evasión», apuntó Vargas.

Por lo tanto, un debate se ha abierto sobre esta situación, en el contexto del II Informe de Pronóstico Macroeconómico 2024 y el estado de los gastos sociales en Costa Rica, con la participación de Marco Otoya, director e investigador del CINPE, y Paulina Ramírez, delegada de la República para el maestro de la fiesta nacional.

La inversión social implica la asignación de recursos, tanto financieros como no financieros, para abordar problemas económicos, ambientales o sociales. El estado costarricense lleva a cabo inversiones en programas que asisten a grupos vulnerables, así como en aquellos que promueven la inclusión social, tales como educación, salud y seguridad social.

El Informe de Pronóstico Macroéconomico II reveló que el gasto público social en 2020 equivalió al 24.2% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, para 2021, ese porcentaje disminuyó a 23.4%, y siguió en descenso para 2022, siendo del 21.2%. «En un análisis realizado el año pasado, descubrimos que los gastos en inversiones sociales han vuelto a niveles similares a los de 2010, representando aproximadamente el 21% del PIB. Es un retroceso significativo», mencionó el especialista.

“Quiero señalar que esta administración, al centrarse en cumplir con metas fiscales, está comprometiendo el contrato social que históricamente hemos mantenido”, señaló Ramírez.

Equilibrio necesario

La Asamblea Legislativa expresa su preocupación ante el aumento del crimen, el tráfico de drogas y los delincuentes, además de la reducción en la inversión educativa, lo cual limita las oportunidades para niños y jóvenes. «Sin un equilibrio claro entre lo fiscal y lo social, estamos poniendo al país en riesgo», advirtió Ramírez.

Desde su experiencia en el comité de asuntos docentes, la diputada explicó que el gobierno está intensificando la presión para cumplir con los indicadores. El Fondo Monetario Internacional estableció metas a dos o tres años que, según Ramírez, ya se están cumpliendo. Esto puede resultar en una buena calificación internacional, pero el costo es un gasto social reducido. «Las personas más vulnerables son las que sufrirán las consecuencias, lo que puede contribuir a una crisis social», advirtió.

Vargas apoya el argumento de Ramírez, calificando la estrategia del Ministerio de Finanzas y del Ejecutivo como una auténtica «herida» para en términos de inversión social. «Cuando se reduce esta inversión, se desatienden niños y jóvenes. Un niño que abandona la escuela se convierte en un costo para la sociedad, y eso se traduce en problemas de mayor envergadura», explicó. De acuerdo con varios indicadores económicos, el costo de mantener a una persona encarcelada supera al de brindar una beca académica.

Natalia Morales, investigadora del Estado del País, resalta que el sector educativo ha sufrido severamente durante los últimos tres años debido a los recortes en inversión social, afectando todos los niveles, desde la educación primaria hasta la universitaria.

Morales indicó que las familias dependen de la inversión social, a la vez que se ven limitadas por el mercado laboral, que no proporciona suficientes oportunidades. Esto hace que el apoyo de programas sociales, como becas y subsidios, sea esencial para su bienestar, pues estos han sido impactados negativamente por los recortes.

El informe de CINPE reveló que en los años 2022 y 2023, se ha visto una notable disminución en los programas de protección social pública, alcanzando el 14.50% del PIB, la cifra más baja desde 2015.

Pérdida de competitividad

Los expertos coinciden en que la reducción de la inversión en el ámbito social, combinada con el aumento de la criminalidad y la incertidumbre, tiene un impacto directo en la competitividad d. Otoya subrayó que las empresas enfrentan una creciente percepción de Costa Rica como un destino peligroso, lo que incrementa sus inversiones en seguridad y, por ende, eleva los costos de los servicios. Esto podría incluso llevar a una disminución en la llegada de turistas extranjeros.

La inversión en educación se establece como un pilar fundamental para fomentar la movilidad social y capacitar a una fuerza laboral cualificada, lo cual es esencial para mejorar la competitividad y cerrar brechas existentes. «Es crucial establecer una política de educación pública que reactive no solo el sector educativo, sino también la salud y la seguridad, todo ello sin dejar de lado la necesidad de reactivar la economía local», concluyó Otoya.

https://www.youtube.com/watch?v=yftxvq5tjce