Buenos Aires, 8 de abril (Sputnik) – En un reciente desarrollo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha decidido utilizar la vía judicial para restringir la participación de las fuerzas de seguridad federales durante las manifestaciones de jubilados que están programadas para realizarse frente al Congreso. Esta decisión surge en un contexto de creciente tensión social, donde la movilización popular ha explotado en respuesta a la crisis económica actual.

Un abogado del gobierno ha presentado una apelación en virtud de la resolución judicial número 521365/2025, afirmando que es vital para salvaguardar los derechos administrativos, fiscales y de consumo antes de la marcha que se llevará a cabo contra el gobierno nacional de Javier Milei.

El abogado, en declaraciones, argumentó que la autoridad encargada de regular las leyes administrativas en la ciudad no ha renunciado a su capacidad para garantizar la seguridad, y critica la medida adoptada por el juez Andrés Gallardo, considerándola irregular. La apelación califica la decisión del juez como «una consideración personal», más que un juicio objetivo de los hechos.

El conflicto legal se ha centrado en una orden previa del juez que requiere que el gobierno citadino asuma el control total de la seguridad durante las protestas programadas, que están orientadas a rechazar las drásticas medidas de ajuste fiscal impuestas por la administración nacional, que, como resultado, han afectado severamente el poder adquisitivo de la población.

El gobierno, liderado por Jorge Macri, ha señalado la «falta de cumplimiento con los requisitos legales para esta decisión, la arbitrariedad en su fundamentación y una evidente desviación del debido proceso». La crítica se enmarca en el contexto de un ambiente cada vez más tenso, donde se cuestiona la actuación del poder judicial frente a los derechos ciudadanos.

En respuesta a esta situación, se han formado amplias coaliciones, como la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes han presentado recursos legales a favor de los derechos de los trabajadores, citando la creciente represión y la implementación de protocolos de seguridad que limitan el derecho a la protesta.

El juez Gallardo enfatizó la importancia de reconocer que el despliegue de fuerzas federales no solo afecta la autonomía de la ciudad, que ha disfrutado de un estatus especial desde 1994, sino que también puede resultar contraproducente cuando se utiliza como herramienta para restringir el derecho a la expresión pacífica de los ciudadanos.

En su resolución, el juez hizo eco de las preocupaciones evidentes durante la movilización del 12 de marzo, donde más de 120 personas fueron detenidas, incidente que fue reportado por medios locales, destacando el arresto de un fotógrafo que sufrió lesiones durante la represión. Tales eventos suscitan un llamado urgente a la reflexión sobre el uso de la fuerza y la seguridad en situaciones de protesta.

De esta manera, el próximo acto de protesta de los jubilados está programado para llevarse a cabo el miércoles. Este evento contará con el respaldo de la CGT, que planifica una huelga general, poniéndose en oposición a las políticas del gobierno actual liderado por Milei. (Sputnik)