Las personas que enfrentan enfermedades graves han mostrado interés en acceder al dinero acumulado en sus pensiones complementarias obligatorias (ROPC) de forma anticipada. Esta necesidad urgente de liquidez es fundamental para muchas familias que atraviesan situaciones difíciles debido a condiciones de salud críticas. En este contexto, los legisladores han tomado medidas para facilitar este acceso financiero en circunstancias especiales.

Recientemente, los diputados de la Legislatura aprobaron un documento de gran relevancia, identificado como el 22,299, con la esperanza de que esto permita liberar los fondos necesarios para aquellos que se enfrentan a diagnósticos de enfermedades graves. Este cambio legislativo parece ser un paso significativo hacia una mayor protección y bienestar financiero para los ciudadanos que están lidiando con problemas de salud serios.

La propuesta había sido discutida previamente, y el 27 de febrero se llevó a cabo su primera aprobación. Sin embargo, se optó por pausar el proceso para realizar algunos ajustes antes de avanzar con la discusión. Durante esta semana, existe la expectativa de que el texto sea ratificado en un segundo debate, lo que podría permitir que las reformas entraran en vigor, brindando así un alivio necesario a muchas personas.

Es importante mencionar que la Legislatura ha acordado que, antes de proceder con la discusión inicial, una tercera persona, designada por el propietario de la cuenta, podrá llevar a cabo el proceso de jubilación del ROPC. Esta medida proporciona un respiro adicional a los titulares de cuentas al permitirles delegar la gestión de sus fondos a una persona de confianza, lo que puede resultar vital en situaciones donde la salud del titular se vea comprometida.

La reforma, denominada «Reforma 22», forma parte de una serie de impugnaciones más amplias relacionadas con la protección de los trabajadores. El artículo 22 de esta reforma es clave y establece las condiciones bajo las cuales los beneficiarios pueden optar por retirar anticipadamente hasta 60 meses de los fondos acumulados o, en su defecto, el retiro total de las pensiones. Los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos, que se detallan de la siguiente manera:

«Artículo 22

Los beneficiarios de estos fondos pueden optar por el retiro anticipado si enfrentan cualquiera de las siguientes condiciones, siempre que cumplan los requisitos señalados:

a) estar diagnosticados con una enfermedad terminal, en línea con las directrices adecuadas de la CCSS;

b) enfrentar una grave condición de salud o un accidente que genere cambios drásticos en su situación de salud, constituyendo un alto riesgo de mortalidad, y donde los tratamientos existentes, basados en evidencia científica, ofrecen pocas probabilidades de prolongar la vida, tal como lo definiría la CCSS.»

Es preciso que la CCSS valide cada decisión sobre el estado de salud del paciente, y esto debe ser hecho por un médico que esté debidamente acreditado. No obstante, la normativa también habilita a la autoridad correspondiente a emitir un reglamento que precise cuál es el cuerpo médico autorizado para emitir los certificados pertinentes. Esto busca asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera justa y que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

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