Recientemente, la Asamblea Legislativa ha dado un paso significativo al aprobar en su primera discusión el documento 22.817. Este proyecto fue presentado inicialmente en el año 2021 por Dragos Donolescu, y en el periodo legislativo actual fue reintroducido por Verdiblanca Alejandra Larios, lo que ha permitido que el tema cobre nueva relevancia en el debate público.

Una de las propuestas más destacadas de este proyecto es la posibilidad de que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) obtengan ciertas licencias de transporte de armas, un requisito que es esencial para su trabajo. Para poder hacerlo, los agentes deben cumplir con una edad mínima de 55 años, lo que añade un nivel de exigencia a la condición profesional de estos funcionarios. Esta medida busca fortalecer tanto la seguridad como la capacitación de los agentes del OIJ, quienes enfrentan desafíos significativos en el cumplimiento de su deber.

El apoyo a este proyecto ha sido notable, con el respaldo de 32 suplentes que han mostrado su disposición a avanzar a favor de los derechos y beneficios de los trabajadores del OIJ, a pesar de la oposición de la autoridad legislativa del partido en el poder. Este apoyo refleja una creciente conciencia sobre la importancia del trabajo que realizan los funcionarios de esta entidad y la necesidad de dotarlos de herramientas adecuadas para llevar a cabo su labor.

Para aquellos funcionarios que cumplen con ciertas condiciones, como tener al menos 30 años de servicio en la organización, se contempla la posibilidad de acceder a una pensión anticipada a partir de los 55 años de edad. Esto representa un avance significativo en términos de justicia laboral, ya que les garantiza a los trabajadores de esta institución la oportunidad de retirarse con dignidad y seguridad financiera. Además, se especifica que la pensión que recibirán será equivalente al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, ajustada de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), asegurando que sus beneficios se mantengan en línea con la inflación y el costo de vida.

El proyecto no solo aborda la cuestión de la jubilación anticipada, sino que también incluye artículos específicos, como el 226, que detallan el proceso a seguir para la jubilación en caso de no cumplir con el número total de años requeridos de servicio. Este artículo es crucial para aquellos que desean asegurarse que, a pesar de no llegar a la meta de tiempo, pueden tener acceso a su pensión de manera equitativa.

El texto de la propuesta es claro en sus intenciones: el retiro debe ser garantizado bajo condiciones justas que se correspondan con el tiempo de servicio, incluso si no se cumplen todos los años necesarios. Este cuidado en la redacción del proyecto busca evitar posibles inequidades en el acceso a los beneficios por parte de los funcionarios.

Como parte del proceso legislativo, se ha programado una segunda discusión para el 8 de abril, lo que indica que el tema seguirá siendo objeto de debate y análisis en la Asamblea Legislativa, reflejando el interés y la importancia que tiene para la comunidad la protección de quienes trabajan en este tipo de instituciones.