San José, Mar (Elpaís.CR) .- Un nuevo escándalo ha emergido en el horizonte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tras la revelación de documentos confidenciales por parte de una publicación universitaria. Estos documentos indican un contrato directo con la firma estadounidense Cisco con un monto superior a $160 millones, destinado a la implementación de infraestructuras que soportarán 5G y redes de fibra óptica. Este descubrimiento ha generado serias críticas hacia el ICE, como también preguntas sobre la transparencia de sus operaciones, en medio de acusaciones de incremento de costos y falta de claridad.

La disputa de la información

El grupo ICE ha emitido una declaración oficial en la que rehúsa aceptar la veracidad de la información divulgada, asegurando que los datos filtrados no representan los ‘estudios actuales’ de la gestión de telecomunicaciones, que supuestamente habrían ajustado considerablemente las cifras iniciales. La institución sostiene que los detalles técnicos de sus empresas competitivas en el campo de telecomunicaciones deben permanecer fuera del dominio público para preservar la inversión y la competitividad en el sector.

Adicionalmente, el ICE ha anunciado una serie de medidas legales contra la publicación semanal, considerando que este no es el primer brote de información filtrada este año. En marzo, el ICE ya había solicitado un derecho de corrección y ha prometido investigar las circunstancias de la fuga de información. «Se implementarán acciones para aclarar esta situación ante la opinión pública y salvaguardar la información confidencial», establece la declaración.

A pesar de la oposición del ICE, los documentos de la publicación semanal, obtenidos a través de fuentes internas, revelan que el contrato con Cisco fue parte de discusiones que involucraron al presidente Rodrigo Chaves y altos funcionarios del ICE, incluso cuando otros proveedores como Juniper habían propuesto tarifas inferiores. La casa presidencial ha corroborado estas reuniones, pero las ha calificado como parte de los protocolos de «proceso de contratación».

Uniones: «El enemigo está dentro»

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y la Unión Profesional de Ingeniería y de Cómputo (SIICE) han manifestado críticas severas en torno a este asunto. La ANEP ha destacado que la contratación de este tipo debe ser supervisada por medidas de ‘publicidad, igualdad y libre competencia’, enfatizando que el contrato debería haber sido sujeto a un proceso competitivo a menos que se presentaran circunstancias excepcionales. “La garantía de la legalidad y la transparencia en la administración pública no es solo un deber institucional, sino un derecho ciudadano”, declaró el gremio.

Por su parte, el SIICE señalan que el proceso ha estado plagado de opacidad y acusa a la administración del ICE de emplear la confidencialidad como un escudo. «Parece que sufren de selectiva amnesia o repiten el mismo estribillo: ‘Esto es confidencial porque es parte del negocio’.» En un tono más serio, advirtieron: «El verdadero enemigo de ICE parece estar dentro; el daño que causan es cada vez mayor», haciendo referencia a las pérdidas y efectos negativos en el mercado según el informe de la publicación universitaria.

Las sombras del contrato

Los documentos filtrados evidencian que:

El ICE priorizó a Cisco a pesar de que Juniper ofreció precios más atractivos para el sistema de red de transporte IP.

El nombramiento directo fue gestionado mediante reuniones con el ejecutivo, sin un proceso de licitación pública.

La participación del presidente Chaves en discusiones técnicas ha sido confirmada públicamente.

A pesar de las defensivas del ICE, que aseguran que sus procesos se enmarcan dentro de lo legal y técnico, los sindicatos exigen con urgencia una auditoría independiente. «Si no pueden actuar correctamente en este asunto, que renuncien aquellos que están protegiendo al ICE», expresaron en un tono firme.

La legalidad y el dilema reputacional

A pesar de que el ICE sostiene que la filtración de esta información es una violación de la ley, expertos en transparencia argumentan que el interés público debería prevalecer cuando existen indicios serios de irregularidades en el uso de fondos del Estado. Esta controversia revive el debate sobre el delicado equilibrio entre la protección de datos corporativos y el derecho a la información, especialmente en una institución que es crucial para el desarrollo tecnológico d.

Con una investigación interna ya en marcha y la posibilidad de acciones legales, este caso seguramente se intensificará en las próximas semanas. Por ahora, los ciudadanos demandan respuestas claras sobre los motivos que llevaron a elegir una opción más costosa y el rol que desempeñaron las altas esferas políticas en esta decisión.

Lo que sigue:

El ICE busca ejercer su derecho de corrección contra la publicación semanal.

ANEP y SIICE están presionando para solicitar la intervención de la Contraloría General.

La oposición política se está organizando para plantear cuestionamientos en la Asamblea Legislativa dirigido al Presidente Ejecutivo del ICE.

Mientras tanto, la sombra de la falta de transparencia parece extenderse sobre uno de los proyectos más ambiciosos y controvertidos de la última década en .