El general de la República, a través de un comentario oficial firmado por la ejecutiva Marta Acosta, alertó sobre un potencial peligro que abarca el proyecto legislativo número 24,215, el cual tiene como objetivo proponer reformas significativas a las leyes de contratación pública. Este proyecto plantea la exclusión de la Cruz Roja y de la Asociación Internacional de la Ley, lo que, según el general, podría significar repercusiones graves para la transparencia y la eficacia de los procesos de contratación.

El inspector ha destacado los riesgos asociados con estas reformas, pues podrían llevar a la contratación de estos organismos sin un control adecuado sobre los convenios establecidos. Esta falta de regulación podría repercutir negativamente en la eficiencia y en la supervisión de los recursos públicos, una preocupación que ha sido reiterada en el comentario presentado el lunes pasado.

«Es fundamental señalar que el General del General Republicano, en el transcurso del proceso relacionado con el Documento Legislativo No. 24.215, ha enfatizado en diversas ocasiones que la adquisición de fondos públicos debe realizarse conforme a las normativas de política pública y dentro del marco de los principios que promueven la libre competencia.»

Esta iniciativa legislativa ha sido impulsada por el diputado Verdiblanco Oscar Izquierdo, quien, en la primera ronda de votaciones en la 37 Legislatura, logró captar el apoyo necesario. Sin embargo, la oposición ante esta propuesta ha sido liderada por Eli Feinzaig y Luis Diego Vargas, quienes representan a la corriente liberal progresista. A pesar de los cambios que se han introducido al texto original del proyecto, el supervisor insiste en que continúan existiendo riesgos significativos en torno a esta propuesta.

«El riesgo de adjudicar contratos de obras públicas sin la competencia necesaria sigue siendo alarmante; esto contraviene lo estipulado en la constitución política y limita la capacidad del gerente para ejercer su control completo, tal como lo establece la autoridad proveniente de su legislación orgánica,» manifestó el inspector. Esta alerta ha generado un debate serio sobre el futuro de la contratación pública en el país, lo que ha llevado a peticiones de una revisión más profunda de las reformas propuestas.

Verifique más: Congreso aprobó en la primera votación un proyecto que excluye a organizaciones internacionales y a la Cruz Roja de la Ley de contratación pública.

Cambio en movimiento

Desde la liberación de la nación, el subsecretario de la izquierda ha comentado que las intenciones detrás de estas reformas no son simplemente un capricho personal, sino que tienen el objetivo de abordar problemas existentes en la legislación actual que han impedido que el país aproveche de manera óptima los fondos de la cooperación internacional. En un contexto donde estas ayudas son cruciales, Izquierdo subrayó que el propósito de este proyecto de ley es facilitar el acceso a recursos mediante acuerdos de costos compartidos.

«Esto no modificará de ninguna forma el modo en que se lleva a cabo la contratación pública bajo la supervisión de las empresas privadas, ni les otorgará carta blanca para evadir controles,» explicó el legislador, en un intento de calmar las inquietudes generadas en torno al proyecto. El diputado también afirmó que las observaciones realizadas por el Jefe de la República han sido debidamente consideradas durante la formulación del proyecto.

El proyecto regresará para una discusión inicial y se anticipa que se puedan presentar propuestas adicionales para modificar el contenido del texto. «La intención es garantizar que los acuerdos mantenidos con otros países sean siempre conformes a los principios establecidos en la ley, asegurando que el estado potencie su control sobre estos procesos y que el mecanismo de supervisión de las unidades de contrato nacionales se mantenga intacto,» concluyó el PLN en un comunicado de prensa.