El proyecto titulado «Reforma de la Ley 8,754 contra el crimen organizado para fortalecer la efectividad de la gestión de la controvertida jurisdicción», más comúnmente conocido como el
El proyecto titulado «Reforma de la Ley 8,754 contra el crimen organizado para fortalecer la efectividad de la gestión de la controvertida jurisdicción», más comúnmente conocido como el tema de las nuevas capitales, fue sometido a votación y finalmente aprobado en su primer debate el lunes durante una sesión legislativa muy esperada. Este proceso ha estado marcado por un considerable debate y análisis.
La iniciativa fue inicialmente presentada por la administración anterior, bajo el liderazgo de Carlos Alvarado. Desde su introducción, el proyecto ha pasado por un largo proceso de revisión, discusión en el ámbito legislativo e incluso consultas con la Cámara Constitucional que ya se había manifestado al respecto. Este recorrido ha sido complejo, pero finalmente se avanza hacia su implementación.
El resultado de la votación fue positivo, con el apoyo de veinticinco diputados de diversas agrupaciones, incluyendo el Partido Liberación Nacional, Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana y fracciones como el Progreso Social Democrático, representado por Luz Mary Alpi y Gloria Navas, quien se sitúa como independiente.
Sin embargo, la propuesta ha encontrado oposición en la legislatura, en particular por parte de los miembros del partido gobernante, Nueva República, así como de liberales progresistas, quienes han expresado diversas dudas e inquietudes sobre el contenido del texto propuesto. Estas preocupaciones giran en torno a varios aspectos importantes de la legislación.
Una de las características más controvertidas de la propuesta es que permite a las autoridades proceder al congelamiento o la incautación de bienes y productos financieros de una persona o comunidad que esté bajo investigación, incluso antes de la presentación formal de una denuncia. Este congelamiento podría durar hasta un máximo de 30 días mientras se realiza la investigación, que a su vez otorga un plazo de solo tres días para que el afectado demuestre el legítimo origen de sus bienes.
«No se pretende perjudicar a aquellos que trabajan de forma honesta por su sustento. Este proyecto no representa una extinción del dominio», defendió uno de los legisladores al exponer la postura del frente. Además, otro legislador acentuó la importancia de seguir acciones firmes en la lucha contra el contrabando de drogas y otros crímenes organizados, enfatizando que estas medidas son necesarias para combatir este serio problema social.
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PLP intentó enviar el proyecto para complacer.
La discusión sobre este proyecto legislativo consumió una gran parte de la reunión del lunes, donde la intención era también avanzar en otros importantes proyectos relacionados con la seguridad. Durante el debate, se presentó una propuesta en dos ocasiones para que el documento fuera enviado al Comité de Seguridad y Medicamentos con el fin de mejorar el texto y realizar ajustes necesarios para asegurar su correcta aplicación; sin embargo, esta iniciativa no logró el apoyo mayoritario, por lo que fue descartada.
El proyecto pasó por cambios significativos antes de su aprobación, incluyendo la eliminación de un umbral económico que anteriormente se consideraba esencial para la posibilidad de realizar un congelamiento de bienes. Este aspecto fue considerado riesgoso y generó alarma entre varios suplentes que finalmente votaron en contra de la propuesta por estas inquietudes.
«Con una simple sospecha, sin que haya una acusación formal, se podría proceder a congelar los bienes», advirtió Pilar Cisneros, líder del partido gobernante, expresando su preocupación. Por su parte, Eli Feinzaig, del PLP, argumentó que la propuesta carece de un umbral claro, señalando que los bienes podrían congelarse sin una acusación formal y únicamente otorgando tres días para comprobar el origen legítimo de estos bienes, refiriéndose a plazos que podrían extenderse hasta diez años.
A pesar de estas importantes preocupaciones sobre los derechos y garantías de las personas, la mayoría de los legisladores decidieron proceder con la aprobación del proyecto y continuar con la iniciativa, que se espera que sea votada de manera final el 8 de abril.
